REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO
SOLICITANTES: FIDELINA VILLAPAREDES y JESÚS RAMÓN BELLO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de Identidad Nros. 1.744.610 y 1.895.556, respectivamente, y de este domicilio.
ABOGADA ASISTENTE: BERNARDA GUTIÉRREZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 18.997, de este domicilio.
MOTIVO: SEPARACIÓN DE CUERPOS.
EXPEDIENTE: 11.639

La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia de fecha 27 de Febrero de 2003, respecto al ordinal segundo del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil: vale decir, respecto a la perención de la instancia tiene establecido lo siguiente:
“…Es claro, pues, que el ordenamiento jurídico venezolano acoge el sistema italiano respecto de la perención, de conformidad con el cual esta opera de pleno derecho y, por tanto, se consuma por el solo transcurso del tiempo previsto en la ley, y una vez declarada surte efecto no desde esa oportunidad, sino a partir del momento en que operó la perención, pronunciamiento este que sólo reafirma un hecho ya cumplido.
En consecuencia, una vez consumada y declarada la perención produce efectos desde que esta operó, por lo cual tanto los hechos jurídicos transcurso del tiempo sin impulso de las partes como sus efectos extinción del proceso, se rige por las normas procesales vigente para la época en que estos se verificaron.
En consecuencia, la nueva ley no puede afectar los hechos o actos verificados bajo la ley anterior, ni sus efectos. Las salas han establecido de forma reiterada que la solicitud de copias certificadas o la consignación de escrito, en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación al proceso y, por lo tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención.
Los supuestos anteriores, cabe indicar expresamente, son válidos para todos los juicios, incidencias y recursos que cursen o se tramiten ante esta jurisdicción suprema, habida cuenta de que en ella, además del recurso de casación en igual manera se presenta para su conocimiento regulaciones de competencia, recursos de hechos, transacciones, desistimientos y reclamos, y como quiera que, no obstante las previsiones normativas que específicamente traten sobre cada materia en particular, la Sala estima que priva la norma general relativa a la perención en su contenido, alcance y propósito plasmando en la misma cuando determina que, toda instancia se extingue, siendo así, como ya se indico, esto justifica en interés del Estado para que en definitiva se cumpla con la finalidad jurisdiccional...” .
Por su parte la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 24 de Noviembre de 2005, respecto a la perención de la instancia dejó establecido lo siguiente:
“…La Sala considera, que basta para que opere la perención, que la causa haya permanecido paralizada por mas de un año, debiendo contarse dicho término a partir de la fecha en que se haya efectuado en último acto de procedimiento, transcurrido el cual, el tribunal podrá, sin mas tramites declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte.
Se trata así del simple cumplimiento de una condición objetiva, que no toma en cuenta la voluntariedad de las partes, es decir, no considera los motivos que tuvieron estas y por los cuales se mantuvo paralizada la causa, sino que el simple transcurso del tiempo de un año de inactividad origina de pleno derecho la declaratoria de perención.
En definitiva, para que opere la perención de pleno derecho, basta que se haya paralizado la causa por mas de un año, pues el único limite impuesto por el articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, es que se haya dicho “VISTO” en la causa, en cuyo caso la inactividad no produce la perención…”.

Siguiendo los lineamientos anteriormente expuestos, los cuales comparte en todas sus partes este Tribunal, y tomando en consideración que en el caso particular de la perención, debe tomarse en cuenta que este instituto procesal opera de pleno derecho al cumplirse los presupuestos exigidos en la ley, vale decir, el transcurso del tiempo sin impulso procesal, y produce el efecto de extinguir el proceso a partir de que ésta se produce y no desde que es declarada por el Juez, por lo tanto la declaratoria por el Juez solo reconoce un hecho jurídico ya consumado, y sus efectos producidos.
En aplicación de las consideraciones expuestas al caso en concreto; este tribunal observa:
En fecha once (11) de Enero de 1984, se le dio entrada por ante este Tribunal a la solicitud de Separación de Cuerpos y Bienes, formulada por los ciudadanos FIDELINA SENAIDA VILLAPAREDES y JESÚS RAMÓN BELLO, y en esa misma fecha se admitió y se declaró solemnemente separados de cuerpos y bienes a los mencionados cónyuges.
En diligencia de fecha 14 de Junio de 1993, la ciudadana FIDELINA SENAIDA VILLAPAREDES, solicitó la conversión en divorcio de la presente solicitud, previa notificación del cónyuge.
Mediante diligencia fechas 22 de Junio de 1993, el cónyuge JESÚS RAMÓN BELLO, se dio por notificado de la solicitud de conversión en divorcio, formulada.
El Tribunal dictó auto para mejor proveer, en fecha 29 de Junio de 1993, requiriendo de los solicitantes, subsanaran omisión en cuanto a la fijación de pensión de alimentos para la hija habida durante el matrimonio, la cual era menor de edad.
En fecha 07 de Julio de 2008, la abogad DAYSI ALMEIDA, solicitó que el presente expediente fuese requerido del Archivo Judicial Regional.
En diligencia de fecha 13 de Octubre de 2008, la ciudadana FIDELINA VILLAPAREDES, asistida por la abogada DAYSI ALMEIDA, solicitó el avocamiento del Juez Provisorio de este Tribunal, al conocimiento de la presente causa, y consignó escrito en el cual solicita se dicte sentencia en la presente causa.
Examinadas las actas procesales, este Juzgador observa que desde el día 29 de Junio de 1993, oportunidad en que el Tribunal requirió de los cónyuges, subsanar la omisión referente al señalamiento de pensión alimentaria de la hija menor habida en el matrimonio, no fue sino hasta el día trece (13) de Octubre de 2008, que compareció la cónyuge a solicitar pronunciamiento en la presente causa, es decir, transcurrió un lapso superior a quince (15) años. En consecuencia esta causa se encuentra paralizada o inactiva por un tiempo superior a quince (15) años en tal sentido este juzgador considera que opera el supuesto establecido en el encabezamiento del artículo 267 del Código de procedimiento Civil. Así se declara.
Por lo antes expuesto este Tribunal SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente procedimiento.
Publíquese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal, en Valencia a los doce (12) días del mes de marzo del año Dos Mil Nueve (2009). Años: 198º y 150º.
El Juez Provisorio

Abog. PASTOR POLO La Secretaria,

Abg. MAYELA OSTOS En la misma fecha se dictó y público la anterior sentencia a las 12:00 del mediodía.
La Secretaria