REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En Su Nombre
JUZGADO SUPERIOR QUINTO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL

En fecha 09 de octubre de 2007 se recibió en el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en su condición de Distribuidor, la presente querella interpuesta por el abogado Simón Antonio Bracho Osorio, Inpreabogado Nº 124.402, actuando como apoderado judicial del ciudadano JAIME ANTONIO BRACHO ORDÓNEZ, titular de la cédula de identidad N° 4.742.171, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD), organismo que le despidió del cargo de Médico Especialista, mediante Resolución Nº 101 del 06 de marzo de 2001, “notificada el día 21 de marzo del año 2001”.
Hecha la distribución correspondió a este Juzgado el conocimiento del asunto, en cuyos efectos lo dio por recibido el día 10 de octubre de 2007.
I
DE LA QUERELLA
Narra el apoderado judicial del querellante que “(e)l Director Regional del Sistema Nacional de Salud del Estado Miranda, Dr. Miguel Enrique Mejias Jaime, inicio (sic) con previa autorización, de la Directora Regional de Recursos Humanos, la apertura de un Procedimiento Administrativo Disciplinario, según memorando S/n, de fecha: 13 de Octubre del dos mil (2.000), toda vez que se recibieron quince (15) actas de inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo del funcionario Dr. JAIME ANTONIO BRACHO ORDOÑEZ, (…) y quien ostenta el cargo de Medico (sic) Especialista I (Foníatra) presupuestado por el Ministro de Salud y Desarrollo Social, ejerciendo funciones en el Hospital General Dr. Victorino Santaella Ruiz, Ubicado en la ciudad de los Teques (sic), Municipio Autónomo Guaicaipuro del Estado Miranda, Adscrito (sic) a esta Dirección Regional; encontrándose el referido funcionario presuntamente incurso en la causal de destitución prevista en el numeral 4 del articulo (sic) 62 de la Ley de Carrera Administración (sic) del 13 de mayo de 1975 ‘ABANDONO INJUSTIFICADO Al TRABAJO DURANTE TRES (3) DIAS HABILES EN El CURSO DE UN MES’. Al inasistir a su lugar de trabajo durantes los días 05, 06, 10 y 11 del mes de Abril, 05, 08, 11, 24, y 25 del mes de Mayo, 23 del mes de Junio, 14, 15, 17, y 30 del mes de Agosto, y 12 de Septiembre, todos del año dos mil (2.000); sin que justificara su ausencia con reposo medico (sic) alguno, (certificado de incapacidad), permiso u otros justificativos.”.
Que, “(c)omo primer punto, el funcionario investigado, Dr. Jaime Antonio Bracho Ordóñez, sostiene que en los (18) años que tiene presentando (sic) servicios para la Administración Publica, jamás se le había abierto una averiguación administrativa de naturaleza disciplinaria, en (su) contra supuestamente incurso en causal de destitución contemplada en el numeral 4 del articulo (sic) 62 de la Ley de Carrera Administrativa”.
Que, “(e)n cuanto a las inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo, el funcionario investigado aleja (sic) lo siguiente: 1) Con respeto a los días 05, 06, 10 y 11 del mes de Abril del año dos mil (2.000), sostiene el Dr. Jaime Antonio Bracho Ordóñez, que solo (sic) inasistió a su lugar de trabajo el día (05) del mes referente. Es oportuno aclarar que la referencia del día 07 de abril, se considera innecesario analizar por cuanto en la Formulación de Cargo (sic) no se le imputan (sic) esa fecha como inasistencia. 2) En cuanto a las inasistencias del 05, 08, 11, 24, y 25 del mes de Mayo del presente año, admite que faltó los días (08) y (24). 3) En relación a las inasistencias del 23 de Junio, 14, 15, 17, y 30 del mes de Agosto y el 12 de Septiembre todos del año dos mil (2.000); contradice y niega tales imputaciones”.
Que, “(d)urante el procedimiento disciplinario, el Dr. Jaime Antonio Bracho Ordóñez, anexo (sic) soportes al escrito de contestación a la formulación de cargos, los cuales corresponde (sic) a las planillas (copias) de Diagnósticos de la Consulta Externa por Pacientes y su Procedencia según Consulta (HOJA DE MORBILIDAD), del Servicio de Foniatría del mencionado Centro Asistencial, correspondiente a los días 05, 06, 10 y 11 de Abril, 08, 11, 24, y 25 de Junio, 14, 15, 17, y 30 de Agosto, y 12 de Septiembre todos del presente año (sic); en cuyo caso se evidencia que en el cuerpo de las planillas de fecha: 06, 10, 11 de Abril; 11 y 25 de Mayo, 23 de Junio, 14, 15, 17 y 30 de Agosto y 12 de Septiembre del presente año (sic) se aprecia la firma del ciudadano Dr. Jaime A. Bracho O. las cuales corresponden en parte a las fechas que se le imputan como inasistente”.
Que, “(d)el Análisis de la Prueba Testimoniales, llevadas en el procedimiento administrativo disciplinario, se observa que las declaraciones rendidas por los funcionarios Dr. Alan Tosí, Dr. Humberto Cachón y el Dr. Wilson del Castillo, todos Médicos Especialista II, ejerciendo sus funciones en el Hospital General Dr. Victorino Santaella Ruiz, donde al ser interrogados confirman las faltas injustificadas del ciudadano investigado” (sic).
Que, “(s)eguidamente se expresa en el mencionado Acto Administrativo: ‘.... que en el lapso de promoción y evacuación de pruebas el funcionario no aportó pruebas documentales que desvirtuaran su responsabilidad administrativa, en relación a las faltas injustificadas a su trabajo’”.
Que, “(a) los fines de proceder a explanar los argumentos que fundamentan el Recurso Contencioso Administrativo contra la Resolución Nº 101, de fecha 06 de Marzo del 2.001, emitido por el ciudadano GILBERTO RODRIGUEZ OCHOA, en su condición de Ministro de Salud y Desarrollo Social, hoy Ministerio del Poder Popular para la Salud mediante el cual destituye del cargo de Medico Especialista I (Foníatra), adscrito al Hospital General ‘Dr. Victorino Santaella Ruiz’ de los Teques, Estado Miranda, por estar incurso en la causal de destitución prevista en el Articulo 62 ordinal 4 de la Ley de Carrera Administrativa, se hace necesario ir desvirtuando todo y cada unos de los argumentos utilizados por la Administración para dictarlo”.
Que, “(i)nicialmente indicó de manera expresa la Administración, que en fecha 03 de Octubre del año 2.000, se había solicitado la apertura de una averiguación administrativa contra el ciudadano Dr. Jaime A. Bracho O; sobre este particular se debe precisar que de acuerdos (sic) con las Actas que conforman el expediente disciplinario instruido contra el funcionario antes indicado, no existe pruebas documentales Fidedigna que establezca de manera clara y precisa el inicio de tal averiguación, por no existir Memorando alguno que tenga como fecha cierta el día (03) de Octubre del año 2.000, razón esta por la cual, nunca podrá tenerse cierta la aseveración hecha por la Administración” (sic).
Que, “(s)iendo así, mal puede la Administración pretender establecer sanciones a Funcionarios Publico (sic) alguno, cuando el Acto Administrativo Inicial que da origen a la Averiguación Administrativa y consiguiente apertura del Expediente Disciplinario, se encuentra viciado de nulidad absoluta, al indicarse un documento con una fecha, que no consta en la Actas del Expediente, todo lo cual es violatorio de las garantías constitucionales consagradas en los artículos 25 y 49 de la Constitución de La Republica (sic) Bolivariana de Venezuela”.
Que, “(a)simismo, el Acto Administrativo objeto del presente Recurso Contencioso Administrativo, se encuentra viciado de nulidad absoluta por AUSENCIA ABSOLUTA, de procedimiento con el Articulo (sic) 19 ordinal 4 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativos, al prescindir la Administración del Procedimiento legalmente establecido en los artículos 58, 59 y 60 de la Ley de Carrera Administrativa, lo cual resulta en una violación al DERECHO A LA DEFENSA, del Dr. JAIME ANTONIO BRACHO ORDEÑEZ”.
Que, “(n)o obstante la Administración señala que da cumplimiento con los establecido en las disposiciones establecidas en el artículo 110 y siguientes del Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa. Igualmente expresa que en el Expediente Administrativo Disciplinario, cursan actas de inasistencias debidamente suscritas y selladas por los funcionarios competentes, las cuales supuestamente demuestran las faltas injustificadas a su jornada de trabajo los días: 05, 06, 10 y 11 de abril; el 05, 08, 11, 24 y 25 de mayo; 23 de junio, 14, 15, 17 y 30 de agosto y 12 de Septiembre del año 2.000”.
Que, “(a)hora bien, si la Administración manifiesta tales hechos como argumentos del Acto Administrativo objeto del presente recurso contencioso administrativo, entonces se evidencia claramente que no fueron cumplidos los preceptos legales establecidos en los artículos 58, 59, y 60 de la Ley de Carrera Administrativa, por cuanto en ningún momentos se hace mención de manera clara y precisa, que se haya procedido a realizar sanción disciplinaria previa, com ería (sic) una amonestación escrita alguna, contra el funcionario, sino que por el contrario se procedió de manera ARBITRARIA E ILEGAL, al inicio de un Expediente Disciplinario, cuya presunta iniciación si origino (sic) con un Acto Administrativo evidentemente viciado de legalidad, por las razones antes mencionadas, y por consiguiente carente de toda validez jurídica, que conllevo (sic) a las Destitución (sic)”.
Que, “(a)demás, si quienes procedieron a elaborar las mencionadas Actas eran, de acuerdos (sic) con lo expresado claramente por la propia Administración, los funcionarios competentes para suscribirlas, entonces igualmente eran competentes para conocer que el procedimiento utilizado no era el correcto, todo lo cual iba en detrimento de los derechos consagrados en los artituculos (sic) 25, 257, 21 2ª, de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela”.
Que, “(e)n el Expediente Disciplinario, cursan las declaraciones por los funcionarios LAN TSOI, HUMBERTO CHACON y WILSON del CASTILLO, donde al ser interrogados confirman las faltas injustificadas del ciudadano investigado. Ahora bien, si los mencionados ciudadanos rindieron sus respectivas declaraciones, y manifestaron hacerlo libres de toda y apremio (sic), en ningún momento señalaron o indicaron que cual era su condición JERÁRQUICA, dentro de la estructura organizativa del Hospital General ‘Dr. Victorino Santaella Ruiz’, por que sus versiones o dichos carecen de toda VALIDEZ, si con la misma se pretendía establecer precedente o prueba alguna en relación con los hechos que dieron origen a la presunta Averiguación Administrativa que se adelantaba, ya que ninguno de los declarante (sic) era el SUPERIOR JERÁRQUICO del Dr. Jaime Antonio Bracho Ordóñez, antes identificados, de conformidad con lo establecidos (sic) en los Parágrafos Unicos (sic) de los Artículos 59 y 60 de la Ley de Carrera Administrativa”.
Que, “(c)abe destacar, que de acuerdo con el criterio de la Administración, las diferentes pruebas documentales aportadas, (HOJAS DE LA MORBILIDAD) que fueron anexadas al mencionado escrito en la contestación a la Formulación de cargo por el Dr. JAIME A. BRACHO O., dirigido a la Lic. Carmen Hernández Directora de Recurso Humano de la Dirección de Salud del Estado Miranda, no fueron tomadas en cuenta NI VALODARAS, de ninguna manera, aduciendo fundamentalmente que las misma (sic) estaban corregidas con tippex, sin entrar a realizar un verdadero diagnostico de la misma, ya que las Hojas de la Morbilidad, estaban firmadas Y selladas por la JEFE DE REGISTRO DE HISTORIA MEDICAS, Y EL DIRECTOR del Hospital General Dr. Victorino Santaella Ruiz; demostrando la presencia laboral del funcionario investigado, en los días laborales”.
Que, “(d)e acuerdo con la estructura organizativa hospitalaria, las hojas de la Morbilidad constituyen la única prueba para le (sic) Médico que la hace valer a su favor, para demostrar su asistencia a la Consulta así como de los pacientes que a diario diagnostica. Ello de acuerdo con las características propias de nuestros Centro Asistenciales, no escapan de ser objeto de TACHADURAS O ENMENDADURAS, las cuales perfectamente puede ser realizadas por un TERCERO, una vez que este ultimo (sic) haya concluido con su labor diaria. De allí que el argumento de la Administración para dictar el Acto Administrativo objeto del presente recurso contencioso administrativo, segun (sic) el cual estas hojas de Morbilidad presentan borrones o tachaduras, sería colocar a los galenos en una verdadera situación de INDEFENSION, que resultaría sumamente grave el análisis de casos similares y colocaría a merced de la mala de terceros”.
Por lo antes expuesto solicita se declare la nulidad del Acto Administrativo denominado “Resolución Nº 101 de fecha 05 de marzo del año 2001, notificado el 21 de Marzo de 2001”. Igualmente solicita su reincorporación al cargo de “Médico Especialista I (Foníatra), adscrito al Hospital General ‘Dr. Victorino Santaella Ruiz’ de los Teques, Estado Miranda, con el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento de la Destitución”.
II
MOTIVACIÓN

Para resolver sobre la admisibilidad este Tribunal observa que las querellas que ejercen los funcionarios o exfuncionarias públicas quedan sujetas para su interposición al lapso de caducidad que establece la Ley vigente que regula el supuesto, que en el presente caso, lo era el de seis (06) meses que establecía la Ley de Carrera Administrativa, el cual debe contarse a partir del hecho que da lugar a la acción, o desde el día en que la persona interesada fue notificada del acto, en este caso, ese hecho que dio lugar a la acción fue la notificación del acto de destitución, lo cual ocurrió el día 21 de marzo de 2001, -según el decir del propio actor-, así que ese día marcó el comienzo del aludido lapso, a partir del cual el mismo (el actor) tenía seis (06) meses para accionar válidamente la nulidad del acto de destitución; siendo que la querella la interpuso el 09 de octubre de 2007, da como resultado un lapso de seis (06) años, nueve (09) meses y dieciocho (18) días, lo cual supera en demasía esos seis (06) meses, por tanto la querella resulta incoada extemporáneamente, sin que este Tribunal pueda relajar dicho lapso, pues el mismo corre fatalmente, tal como lo reiteró la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia dictada en fecha 08/04/03, en la que expresamente dejó establecido:

“…El lapso de caducidad…, transcurre fatalmente y no es susceptible de interrupción, ni suspensión. Sin duda alguna, la caducidad es un lapso procesal y en relación con el carácter de éste, la Sala Constitucional se ha pronunciado y ha establecido que los lapsos procesales establecidos en las leyes y aplicados jurisdiccionalmente no son formalidades que puedan ser desaplicados con base en el artículo 257 de la Constitución…”.

(omisis)

“Por otra parte, la Sala estima relevante un pronunciamiento respecto de lo que pudiera entenderse como una confrontación de derechos constitucionales, esto es el derecho de todo ciudadano de acceso a la jurisdicción, y sus especies que se concretan en el derecho a la defensa, debido proceso y tutela judicial eficaz, con el principio constitucional de la seguridad jurídica. Pues bien, como quedó razonado anteriormente, dentro del catálogo de derechos y principios constitucionales que entran en juego en casos como el de autos, los de acceso a la justicia y tutela judicial están garantizados a través del medio judicial que, en efecto, se ejerció, y la seguridad jurídica –de los interesados e, incluso, del colectivo– está materializada con la existencia de un lapso de caducidad cuyo respeto y resguardo también son deber del juez que conozca del medio judicial que corresponda…”.

Este criterio quedó reiterado nuevamente por la nombrada Sala en los fallos que dictara el 03-10-06 y 14-12-06, en efecto en esta última sentencia citada señaló:
(omisis)

“En efecto, estima la Sala que la regulación material de la prestación de antigüedad en cuanto derecho de los funcionarios públicos, como beneficio y las condiciones de su prestación, debe ajustarse a lo prescrito en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la Ley Orgánica del Trabajo y a su Reglamento, ello por expresa remisión del artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Sin embargo, en lo atinente a la regulación procesal que debe aplicarse para el reclamo en sede judicial de las cantidades adeudadas por este concepto, así como de los intereses que surgen por la mora en su pago (ex artículo 92 constitucional), la incoación de estas demandas debe ajustarse a las prescripciones contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, pues dicha remisión normativa se efectúa sólo en lo relativo a la regulación material de ese derecho, como así lo expresa incluso la propia ley laboral (ex Parágrafo Sexto del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo).

Ello significa que el operador jurídico deberá atender a los aspectos sustantivos de tal derecho adquirido (base de cálculo, acreditación, tasa de interés aplicable y supuestos de anticipo) en las estipulaciones que consagre el legislador laboral sobre la materia, a los fines de revisar la procedencia o improcedencia de aquellas pretensiones que contengan un reclamo de esta naturaleza, sin embargo, ello no comporta la ampliación de los aspectos procedimentales de la Ley Orgánica del Trabajo a los procesos que ventilen controversias surgidas de una relación de empleo público puesto que ello supondría una alteración, por parte del Juez Contencioso Administrativo, de las normas procesales especiales aplicables al proceso contencioso administrativo funcionarial –consagradas en la Ley del Estatuto de la Función Pública-, la creación de una desigualdad procesal entre funcionarios públicos fundada en el contenido de la pretensión mas no el naturaleza de la relación jurídica previa que subyace en este tipo de conflictos, de contenido estatutario, además de crear una situación de inseguridad jurídica de los usuarios del servicio de justicia ante la confrontación de la ley con los criterios jurisprudenciales adoptados sobre tal aspecto.

La Sala considera que la estabilidad de las normas ordenadoras del proceso, vinculada con la especialidad de cada uno de los regímenes procesales establecidos en razón del bien jurídico tutelado por cada materia (constitucional, contencioso-administrativa, militar, civil, penal, laboral, tributario, etc) forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva postulado por el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como del carácter instrumental del proceso en procura de la justicia predicado por el artículo 257 eiusdem, pues ello presupone el conocimiento previo de aquellas reglas procesales y sus correlativas garantías –p.ej. competencia del órgano y garantía del juez natural, derecho a la prueba y establecimiento del lapso probatorio- que operan para que el ciudadano canalice adecuadamente sus pretensiones ante la jurisdicción bajo formas certeras, en procura de obtener la tutela o el reconocimiento de sus derechos de forma expedita y eficaz. Por tanto, la modificación de estas reglas debe obedecer, en virtud del principio de legalidad procesal, a la voluntad legislativa y no a las modificaciones que hagan los jueces de instancia por apreciaciones particulares que prescinden, incluso, de la técnica de control difuso de la constitucionalidad -ex segundo aparte del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil-.

En esa línea argumentativa, la Sala considera que sólo le es dado al legislador la modificación de los lapsos procesales para el ejercicio de la acción contencioso funcionarial, bien mediante una reforma de la legislación funcionarial en este aspecto concreto bien porque, en atención al mandato efectuado por el Constituyente en la Disposición Transitoria Cuarta, numeral 3, del Texto Fundamental, el legislador laboral extienda expresamente a los funcionarios públicos al servicio de la Administración Pública nacional, estadal o municipal la regulación material y procesal del derecho a las prestaciones sociales tutelado por el artículo 92 constitucional.

En el caso bajo examen, la Sala observa que en su decisión la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo aplicó correctamente el lapso de caducidad contemplado por el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, motivo por el cual se estima que la argumentación esgrimida por la solicitante se dirige a expresar su disconformidad con los motivos empleados por el órgano jurisdiccional para arribar a su conclusión.

(…)

Finalmente, en virtud del razonamiento efectuado por la Sala en el presente fallo, se insta a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, en su condición de Alzadas naturales de los Juzgados Superiores con competencia contencioso funcionarial (ex artículo 110 de la Ley del Estatuto de la Función Pública), para que en lo sucesivo –tal como lo advirtió acertadamente la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en el fallo sometido a revisión respecto del plazo legalmente previsto para el ejercicio de la querella funcionarial, cual es el previsto en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública-, velen por la observancia de las normas procesales consagradas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, como normas de carácter especial y, por tanto, de aplicación prevalente en materia contencioso administrativa funcionarial, para asegurar la estabilidad de aquellas formas dirigidas a la iniciación, instrucción y decisión del proceso, como forma de garantizar al ciudadano el conocimiento cierto y previo de las reglas que regulan el derecho de acceso a la jurisdicción, predicado por el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

Así que acogiendo la normativa vigente para el momento de la notificación, así como el criterio establecido en los fallos parcialmente transcritos, este Tribunal estima caduca la presente querella, y así se decide.

III

DECISIÓN
Con fundamento en lo antes expuesto este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE POR CADUCIDAD la querella interpuesta por el abogado Simón Antonio Bracho Osorio, actuando como apoderado judicial del ciudadano JAIME ANTONIO BRACHO ORDÓNEZ, contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD).
Publíquese, regístrese y notifíquese a la parte querellante.

Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los diecisiete (17) días del mes de octubre del año dos mil siete (2007). Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación.
LA JUEZ

TERESA GARCÍA DE CORNET

LA SECRETARIA

CHERYL VIZCAYA CASTRO


En esta misma fecha 17 de octubre de 2007, siendo las dos post meridiem (2:00 p.m.), se publicó y registró la anterior decisión.



LA SECRETARIA

CHERYL VIZCAYA CASTRO










Exp: 07-2068/JC.