REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 5 de Octubre de 2007
197º y 148º

ASUNTO: AF45-U-1997-000010
ASUNTO ANTIGUO: 1042 Sentencia No. 1310

“Vistos con Informes de la recurrente”

Corresponde a este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, conocer y decidir el Recurso Contencioso Tributario interpuesto en fecha trece (13) de junio de 1997 por ante el Juzgado Superior Primero de los Contencioso Tributario de esta Circunscripción Judicial con sede en Caracas, (Distribuidor), por los Abogados: RODOLFO PLAZ ABREU y ALEJANDRO RAMIREZ VAN DER VELDE, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-3.967.035 y V-9.969.831, respectivamente, e inscritos Inpreabogado los Nros. 12.870 y 48.453, también respectivamente, procediendo con el carácter de Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil “INDUSTRIAS DEL MAIZ C.A.” inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 18 de mayo de 1955, bajo el número 57, Tomo 9-A, en contra del Acto Administrativo tácito denegatorio producto del silencio administrativo por la no decisión del Resolución N° 150 de fecha 16 de Diciembre de 1996, emanada de la Alcaldía del Municipio Mariño del Estado Aragua, mediante la cual se le impone cancelar a la mencionada contribuyente la cantidad de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES (Bs.9.835.800,00) por concepto de impuesto complementario de Patente de Industria y Comercio.
El Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario, en su carácter de distribuidor, remitió las actuaciones a este Juzgado Superior Quinto en donde se recibió en fecha 19 de Junio de 1997, acordando darle entrada mediante auto de fecha veintiséis (26) de Junio de ese mismo año, bajo el número 1042 nomenclatura de este Despacho, asimismo se acordó las notificaciones de Ley y solicitar el expediente administrativo.
Consta en autos que se efectuaron las notificaciones acordadas; y en fecha 23 de Enero de 1998, se dictó auto acordando la admisión del presente recurso en cuanto ha lugar en Derecho.
En la oportunidad procesal correspondiente a la presentación de pruebas en el presente juicio, comparecieron solamente los Apoderados Judiciales de la parte recurrente y consignaron su Escrito de Promoción de Pruebas.
En las pruebas presentadas se reprodujo el mérito favorable de los alegatos de hecho y de Derecho esgrimidos en el Recurso Contencioso Tributario.
Promovió como prueba documental: Originales de las declaraciones de Ingresos Brutos presentada por la empresa “Compañía Anónima Industrias del Maíz” (INDELMA), correspondiente a los períodos 01/10/1994 y el 30/09/1995; 01-10-1995 y el 30-09-1996.
Promovió asimismo como prueba documental, los comprobantes de las diferentes declaraciones del Impuesto Sobre Patente de Industria y Comercio del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua, correspondiente a los trimestres: primero, segundo, tercero y cuatro del año 1994,1995 y 1996.
En fecha 11 de marzo de 1998 este Tribunal dictó auto acordando admitir en cuanto ha lugar en Derecho las pruebas promovidas por la recurrente, dejando su apreciación para la definitiva, acordando agregar a los autos las pruebas documentales debidamente identificadas en el Escrito de Promoción de Pruebas.
En la oportunidad procesal para la presentación de los Informes en el presente juicio, compareció la Representación Judicial de la Recurrente y presentó su Escrito de Informes.
Se deja constancia que a Representación Judicial del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua, no presentó Escrito de Informes.
En fecha cuatro (04) de Junio de 1998, este Tribunal dijo “Vistos” se abrió el lapso para dictar sentencia.
En fecha 23 de Octubre de 1998, este Tribunal dictó auto, mediante el cual se difiere por treinta (30) días continuos el acto de publicar sentencia en el presente juicio.
En fecha 15 de marzo, quien suscribe, se avocó al conocimiento de la presente causa, ordenando librar boletas de notificación de dicho avocamiento a los ciudadanos Alcalde y Síndico Procurador del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua y a la recurrente, a los fines establecidos en los artículos 90 del Código de Procedimiento Civil.
Consta en autos las notificaciones debidamente fechadas, selladas y firmadas por los ciudadanos Alcalde y Síndico procurador del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua.


ANTECEDENTES Y ACTOS ADMINISTRATIVOS

Consta en autos, que en fecha 16 de diciembre de 1996, la Dirección de Hacienda Municipal de la Alcaldía Santiago Mariño-Turmero- Aragua, emitió un acto administrativo el cual fue encabezado “notificación”, dirigido a la contribuyente “INDUSTRIA DEL MAIZ, C.A.”, en donde se informa a la contribuyente que esa Dirección de Hacienda Municipal, procediendo de conformidad con el Artículo 36, ordinal 2 de la Ordenanza Sobre Patente de Industria y comercio había procedido a liquidar a la referida empresa la cantidad de Nueve millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos con 00/100 (Bs. 9.835.800,00), correspondiente al informe complementario resultante de la diferencia entre la base imponible indicada en la Liquidación inicial del ejercicio Fiscal 1995 y los elementos económicos representativos del movimiento económico declarado en el ejercicio fiscal 1996, que se toma como declaración definitiva, agregando que conjuntamente con dicha notificación se le acompañaba Resolución N° 150 emanada de dicho Despacho.


FUNDAMENTOS DEL RECURSO CONTENCIOSO TRIBUTARIO

Al plantear los hechos en el Recurso Contencioso Tributario interpuesto en contra del Acto Administrativo tácito denegatorio producto del silencio administrativo por la no decisión del Resolución N° 150 de fecha 16 de Diciembre de 1996, emanada de la Alcaldía del Municipio Mariño del Estado Aragua, los Apoderados Judiciales de recurrente, entre otras cosas alegan :
• AUSENCIA DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO
La ausencia del Debido Procedimiento y Derecho a la Defensa de la Contribuyente, lo basaron en los siguientes argumentos:
Que la Administración Tributaria Municipal Santiago Mariño del Estado Aragua, omitió en su actuación formalidades fundamentales en el procedimiento de formación de la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo, violentando de esa manera el Principio del Debido Procedimiento, así como el Derecho a la Defensa de la contribuyente, en consecuencia el Acto administrativo que ha sido dictado con prescindencia total y absoluta del Debido Procedimiento es nulo de nulidad absoluta, tal como lo dispone el ordinal 4° del Artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Entre otras cosas expresaron que la misma Ordenanza Sobre Patente de Industria y Comercio del Municipio exactor, establece en los artículos 52 y 53 el procedimiento a seguir para dictar las Resoluciones contentivas de reparos procedentes, que la Administración Municipal está en la obligación de entregar un ejemplar del Acta de Fiscalización al contribuyente o representante, y cuya finalidad es que se le permita al particular ejercer su Derecho a la Defensa en vía administrativa y judicial en caso de existir disconformidad con dicha Acta de Fiscalización, además expresaron que el procedimiento a seguir está establecido en el Código Orgánico Tributario.
• INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES APLICADAS
La Inconstitucionalidad de los Artículos 73 y 74 de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua, al considerar los recurrentes que de dichos artículos emana el Principio “Solve et repete”, y que dicho principio es improcedente y por tanto los mencionados artículos son nulos por inconstitucionales al contravenir el derecho de acceso a la justicia previsto en el encabezamiento del artículo 68 de la Constitución (vigente rationae temporis) (Subrayado del Tribunal).
En tal sentido, denuncian que además de existir una clara ilegalidad existe un Vicio de carácter Constitucional; y solicitan la desaplicación de los mencionados artículos y en su lugar solicitan la aplicación del artículo 102 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, según alegan los Abogado recurrentes que “prevé en el contenido de esta norma la aplicación preferente de la mencionada Ley orgánica de Régimen Municipal con respecto a las Ordenanzas Municipales y demás instrumentos jurídicos municipales“.
• INCOMPETENCIA DEL FUNCIONARIO ACTUANTE
Expresan al respecto que es inexistente el acto de delegación de Competencia al ciudadano Freddy Valera para levantar la Resolución Nro. 150 de fecha 16-12-1996, al no existir constancia del acto de delegación para ejercer funciones de Fiscalización a los contribuyentes.
Que en el caso en concreto el funcionario Freddy Valera ejerció competencias exclusivas del Alcalde del Municipio Santiago Mariño, sin que mediara delegación alguna emanada del Alcalde para el ejercicio de las competencias de fiscalización de contribuyentes en el referido Municipio.
• INMOTIVACION
Señalan, con respecto a al requisito de Motivación del acto administrativo, que en el presente caso no se cumplió dicho requisito.
Expresan que la Resolución identificada con el Nro. 150 de la Dirección de Hacienda, es más un acto notificatorio, que en ningún momento se motivó o fundamentó las razones de hecho y de Derecho que condujo a la Administración a formular el reparo contenido en dicho acto administrativo de liquidación, menos aún se encuentra fundamento alguno para considerar a los ingresos brutos del período 95-96 como base de cálculo del Impuesto sobre Patente de Industria y comercio.


• ERRONEA INTERPRETACION DE LA BASE LEGAL
En cuanto a esta denuncia, expresan los Abogados Recurrentes, que la base imponible está representada por el monto de las ventas, operaciones o ingresos obtenidos por el contribuyente durante el período inmediatamente anterior al que abarca la declaración correspondiente, estando configurada esa base imponible por los ingresos brutos del contribuyente y conforme al ordinal 2° del artículo 36 de la Ordenanza sobre Patente de Industria y Comercio del municipio.
Entre otras cosas expresaron:
OMISSIS
“…en el acto administrativo en referencia se pretende utilizar como base de cálculo para el Impuesto Sobre Patente de Industria y Comercio correspondiente al período fiscal 95-96, los ingresos brutos obtenidos por nuestra representada durante ese mismo período fiscal, hecho que implicaría el gravamen a los ingresos brutos de Compañía Anónima INDUSTRIAS DEL MAIZ, C.A. para ese mismo período fiscal 95-96, o lo que es igual, el gravamen a las ventas efectuadas o los ingresos brutos por nuestra representada .



PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA CONTRIBUYENTE
En la oportunidad de la promoción de pruebas, los Apoderados Judiciales de la Recurrente, se reprodujo el mérito favorable de los alegatos de hecho y de Derecho esgrimidos en el Recurso Contencioso Tributario.
Promovió como prueba documental: Originales de las declaraciones de Ingresos Brutos presentada por la empresa “Compañía Anónima Industrias del Maíz” (INDELMA), correspondiente a los períodos 01/10/1994 y el 30/09/1995; 01/10/1995 y el 30/9/996.
Promovió asimismo como prueba documental, los comprobantes de las diferentes declaraciones del Impuesto Sobre Patente de Industria y Comercio del Municipio Santiago Mariño del Estado Aragua, correspondiente a los trimestres: primero, segundo, tercero y cuatro del año 1994,1995 y 1996.


INFORMES PRESENTADOS POR LA REPRESENTACION
JUDICIAL DE LA CONTRIBUYENTE

Los Apoderados de la contribuyente, en la oportunidad procesal a la presentación del escrito de Informes, en los mismos términos expuestos en la oportunidad de Interponer el Recurso Contencioso Tributario, alegó la INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTICULOS 73 Y 74 DE LA ORDENANZA SOBRE IMPUESTO DE PATENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIPIO SANTIAGO MARIÑO DEL ESTADO ARAGUA, AUSENCIA DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO, INCOMPETENCIA DEL FUNCIONARIO ACTUANTE, INMOTIVACION Y ERRONEA INTERPRETACION DE LA BASE LEGAL.


MOTIVA

Cumplidos los requisitos procedimentales correspondientes, procede esta Sentenciadora a conocer y decidir el asunto sometido a su consideración, en los términos siguientes
En el caso subexamine, la controversia se plantea en virtud de habérsele impuesto a la contribuyente de autos por parte de la Alcaldía Santiago Mariño Turmero-Edo Aragua una multa por concepto de Impuesto complementario de Patente de Industria y Comercio a la contribuyente por un monto de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES (Bs.9.835.800,00), según se desprende de la lectura del documento “Notificación” emitido en fecha 16-12-1996, dicho impuesto complementario es el resultante de la diferencia entre la base imponible indicada en la Liquidación inicial del ejercicio Fiscal 1995; y los elementos representativos del movimiento económico declarado en el ejercicio Fiscal 1996, que se toma como declaración definitiva, contra lo cual la contribuyente alega que la municipalidad debe utilizar como base de cálculo los ingresos brutos obtenidos por ella durante el período impositivo comprendido entre el 1-10-1994 al 30-09-1995, por lo que a juicio de esta sentenciadora, la controversia está encaminada a resolver sobre la verdadera base de cálculo que se debe utilizar para calcular el impuesto que nos ocupa, determinando previamente cual es el período fiscal que se debe imputar a esa base de cálculo.
Ahora bien, por cuanto además de los alegatos y defensas ejercidos contra el acto administrativo recurrido, la contribuyente denuncia en dicho acto la existencia de vicios que son violatorios de Principios Constitucionales, tales como: Ausencia del Debido Procedimiento y Derecho a la Defensa del Contribuyente, Inconstitucionalidad de las disposiciones municipales aplicadas, Inmotivación, considera esta Sentenciadora que se debe resolver como punto previo la una serie de denuncias, referidas a la Violación a los Principios, tales como: Ausencia del Debido Procedimiento y Derecho a la Defensa de la Contribuyente, Inconstitucionalidad de las Disposiciones municipales aplicadas, Incompetencia del Funcionario Actuante.

PUNTO PREVIO
En cuanto al vicio denunciado por la contribuyente, referido a la ausencia del debido procedimiento y derecho a la defensa de la contribuyente.
Los Apoderados Judiciales de la recurrente: “INDUSTRIAS DEL MAIZ, C.A.”, al referirse a esta denuncia de “Ausencia del Debido Procedimiento y Derecho a la Defensa de la contribuyente”, solicitan la nulidad absoluta del acto administrativo recurrido, constituido por Resolución Nro. 150 de fecha 16 de Diciembre de 1996, dictada por la Dirección de Hacienda Municipal de la Alcaldía Santiago Mariño-Estado Aragua, argumentando su denuncia en que el Municipio exactor omitió en su actuación formalidades fundamentales en el procedimiento de formación de la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo, violentando de esa manera el Principio del Debido Procedimiento, así como el Derecho a la Defensa de la contribuyente, en consecuencia el Acto administrativo que ha sido dictado con prescindencia total y absoluta del Debido Procedimiento es nulo de nulidad absoluta, tal como lo dispone el ordinal 4° del Artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Este Tribunal, luego del estudio de las actuaciones que conforman el presente expediente, observa:
Ha sido criterio sostenido y reiterado tanto en nuestro Máximo Tribunal Supremo de Justicia, así como la Doctrina Patria y extranjera y en la Legislación Venezolana, el necesario cumplimiento por parte de la Administración Tributaria de la actividad legítima en cuanto al imprescindible cumplimiento de los requisitos exigidos para la formación de los actos administrativos que se dicten, como garantía frente a los particulares afectados por la actividad que esta desarrolla.

En la obra “Curso de Derecho Administrativo” Autores: García de Enterría Eduardo y Fernández Tomás-Rondon, Tomo II, CIVITAS, Madrid, cuarta Edición, 1993, p. 432. ( ).
OMISSIS:
“Aún cuando la Administración Tributaria posee las más amplias facultades para compeler al cumplimiento de las cargas tributarias, sin embargo, debe encausar su actividad a través de una serie de trámites procedimentales, de los cuales no puede exceptuarse, ni siquiera cuando tenga la certeza de la renuencia del sujeto pasivo a cumplir con sus obligaciones tributarias. Ello supone “(….) que la actividad de la Administración tiene que canalizarse obligatoriamente a través de unos causes determinados como requisito mínimo para que pueda ser calificada de actividad legítima”
Uno de dichos cauces es el procedimiento de fiscalización y determinación previsto en el Código Orgánico Tributario, el cual – además de encaminar la actuación de la Administración Tributaria- obra como garantía frente a los particulares afectados por la actividad que ésta desenvuelve”

En el caso sub examine, al tratarse la controversia de un caso enmarcado dentro del Derecho Municipal, debemos tener presente que las previsiones del Código Orgánico Tributario son aplicables con carácter supletorio a los tributos de los estados y municipios.
Así lo establece el Artículo 1° del Código Orgánico Tributario en su párrafo segundo establece:
(sic)
“Las normas de este código se aplicarán en forma supletoria a los tributos de los estado, municipios y demás entes de la división político territorial…. ”
(OMISSIS)

Como consecuencia de esta norma, que ha permanecido incólume en el tiempo, y está fundada en la tesis de la autonomía municipal, en el caso bajo estudio, corresponde aplicar la norma prevista en el artículo 1° del Código Orgánico Tributario de 1994, en su último aparte que establecía:
“Las normas de este Código regirán igualmente, con carácter supletorio y en cuanto sean aplicables a los Tributos de los Estado y Municipios”

En tal sentido, en lo que respecta al procedimiento de Fiscalización y Determinación de la obligación tributaria, debe aplicarse lo que prevé la Ordenanza Sobre Patente de Industria y Comercio del Municipio exactor, que en este caso es Municipio Mariño del Estado Aragua.
La ordenanza en cuestión, de la cual fue consignada por el recurrente, marcada “D”, una copia corre inserta del folio 92 al folio 172 del expediente, en el Capítulo VII (DE LA FISCALIZACION Y SU PROCEDIMIENTO) en sus artículos 52 y 53, se establece:
ARTICULO 52:
“ Cuando un contribuyente no haga las declaraciones juradas exigidas por esta ordenanza o cuando las mismas no contengan los datos exigidos por ella y las disposiciones reglamentarias que se dicten, o cuando los datos no se corresponde con los que aparecen en la contabilidad del contribuyente, o cuando éste no lleve la contabilidad o la lleve en forma incorrecta, la Dirección de Hacienda Municipal, mediante resolución motivada que se fundamentará en el acta a la cual se hace mención en el artículo siguiente, deberá, de oficio, clasificar las actividades del contribuyente, estimar su movimiento económico y fijar y liquidar el impuesto correspondiente. (Subrayado del Tribunal)

(OMISSIS)

ARTICULO 53:
“Los funcionarios harán constar razonadamente en actas selladas con el sello de la alcaldía y firmadas por el funcionario actuante y el contribuyente o su representante, los motivos y resultados de las actuaciones que practicaren a los fines previstos en los dos artículos anteriores.
Un ejemplar de dichas actas quedará en poder del contribuyente o de su representante, en prueba de notificación de los resultados y observaciones derivadas de la Fiscalización” (subrayado del Tribunal).

Se observa que la propia Ordenanza, establece la fiscalización como requisito que debe cumplirse, cuando expresa “mediante resolución motivada que se fundamentará en el acta a la cual se hace mención en el artículo siguiente, deberá, de oficio, clasificar las actividades del contribuyente, estimar su movimiento económico y fijar y liquidar el impuesto correspondiente”
Y agrega: “Un ejemplar de dichas actas quedará en poder del contribuyente o de su representante, en prueba de notificación de los resultados y observaciones derivadas de la Fiscalización”

En consecuencia, al haber infringido el ente municipal la normativa prevista en su propia Ordenanza Sobre Patente de Industria y Comercio, en artículos 52 y 53, que establecen el procedimiento a seguir para dictar las Resoluciones contentivas de reparos procedentes, que entre otras cosas le ordena entregar un ejemplar del Acta de Fiscalización al contribuyente o representante, y cuya finalidad es que se le permita al particular ejercer su Derecho a la Defensa en vía administrativa y judicial en caso de existir disconformidad con dicha Acta de Fiscalización, en el caso de marras es procedente la denuncia formulada por la contribuyente referida a la violación del Derecho a la Defensa el contribuyente por ausencia del Debido Procedimiento. Y ASI SE DECLARA.
Por ser violatorio de un Principio Constitucional, el Acto administrativo recurrido, es nulo conforme expresamente lo dispone el ordinal 4° el artículo 19, de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativos, que señala que los Actos Administrativos serán absolutamente nulos cuando hayan sido dictados “…con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido”, razón por la cual se declara nulo el acto administrativo dictado por la Alcaldía del Municipio Mariño del Estado Aragua, mediante la cual se le impone cancelar a la mencionada contribuyente la cantidad de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES (Bs.9.835.800,00) por concepto de impuesto complementario de Patente de Industria y Comercio. Y ASI SE DECLARA.

En virtud del previo pronunciamiento, referido a la violación de un Principio Constitucional, quien aquí decide considera inoficioso pronunciarse sobre las restantes denuncias y sobre lo que constituye el fondo del asunto controvertido en la presente Causa. Y ASI SE DECLARA.





DECISION

Con fundamento en la motivación que antecede, este Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por los Abogados: Abogados: RODOLFO PLAZ ABREU y ALEJANDRO RAMIREZ VAN DER VELDE, ampliamente identificados en la narrativa de este fallo, es su carácter de Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil “INDUSTRIAS DEL MAIZ C.A”, en contra del Acto Administrativo tácito denegatorio producto del silencio administrativo por la no decisión del Resolución N° 150 de fecha 16 de Diciembre de 1996, emanada de la Alcaldía del Municipio Mariño del Estado Aragua, mediante la cual se le impone cancelar a la mencionada contribuyente la cantidad de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES (Bs.9.835.800,00) por concepto de impuesto complementario de Patente de Industria y Comercio.
Se declara la Nulidad Absoluta del acto administrativo recurrido.
Se ordena la notificación de los ciudadanos Alcalde, Síndico Procurador y Contralor Municipal del Municipio Mariño del Estado Aragua, a la contribuyente de autos. Líbrense las correspondientes boletas de notificación

REGISTRESE Y PUBLIQUESE

Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario, en la ciudad de Caracas, a los cinco (05) días del mes de octubre del año dos mil siete (2007). Años 194º de la Independencia y 145º de la Federación.

LA JUEZ SUPLENTE

Abg. BERTHA ELENA OLLARVES HERRERA

LA SECRETARIA.


Abg. SARYNEL GUEVARA



La anterior sentencia se publico en la presente fecha, a las tres y treinta de la tarde.-

LA SECRETARIA.


Abg. SARYNEL GUEVARA

Asunto: AF45U1997-000010
Expte Antiguo 1042
BEOH/SG/ geg