Exp. Nº 9391
Definitiva/Amparo Directo
Amparo Constitucional/Mercantil
Sin Lugar/D.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR QUINTO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Consta en autos que, el 28 de agosto de 2007 el ciudadano Plinio Antonio Liendo Mogollón, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No. V.- 6.200.599, asistido por los abogados Rafael Benigno Román Loyo y Carmen Eliangela Freites Toussaintt, inscritos en el Inpreabogado bajo los números: 101.982 y 69.479, en su orden, intentó ante este Juzgado Superior, demanda de amparo constitucional en contra de la sentencia del 1° de agosto de 2007 proferida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en el juicio de amparo constitucional contenido en el expediente N° 15.308 de la nomenclatura de ese juzgado, para cuya fundamentación denunció la presunta violación de derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El día 3 de septiembre de 2007, compareció el accionante ante la secretaría de este tribunal y otorgó poder apud-acta a los abogados Rafael Benigno Román Loyo y Carmen Eliangela Freites Toussaintt consignando los recaudos mencionados en el libelo de amparo constitucional; por lo cual se dio cuenta al Juez Eder Jesús Solarte Molina.
Por auto de fecha 19 de septiembre de 2007, se admitió la demanda de amparo instaurada y se ordenó notificar al Juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; al Ministerio Público de la apertura del procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y a la empresa Líder Auto, C.A.
Consta de autos, la notificación del Ministerio Público, en la persona del abogado José Luís Álvarez Domínguez en su condición de Fiscal 84° del Ministerio Público, con competencia en Derechos y Garantías Constitucionales.
Luego de las notificaciones practicadas, se fijó oportunidad procesal para que tuviera lugar la realización de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en fechas 26 de octubre y 1º noviembre de 2007. Asistieron al acto, los abogados: José Luís Álvarez Domínguez, Fiscal 84° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas y los abogados Rafael Benigno Román Loyo; apoderado judicial de la parte accionante y Javier Alejandro Camacho Bruzual, apoderados judiciales de la sociedad mercantil Líder Auto, C.A., tercero interviniente. Realizados los alegatos y argumentos de las partes, el Tribunal con vista de los argumentos expuestos en la audiencia y las actas que conforman el expediente, en forma oficiosa interrogó a las partes intervinientes y conforme con la solicitud del Ministerio Público difirió la audiencia para el día primero (1º) de noviembre de 2007. Reanudada la audiencia en la oportunidad fijada, el Tribunal vistos los alegatos y argumentos de las partes, las actas que contiene el expediente y el interrogatorio de las partes, estableció el dispositivo del fallo, declarando Sin Lugar la demanda de amparo intentada por Plinio Antonio Liendo Mogollón, asistido por los abogados Rafael Benigno Román Loyo y Carmen Eliangela Freites Toussaintt, en contra de la sentencia del 1° de agosto de 2007 proferida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en el juicio de amparo constitucional contenido en el expediente N° 15.308 de la nomenclatura de ese juzgado y se reservó cinco (5) días hábiles para publicar la totalidad de la decisión.
Siendo esta la oportunidad para decidir, se procede a hacerlo bajo las siguientes consideraciones:

I
DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA

1. Alegó:

1.1. “...El día 25 de Julio de 2007 por auto de mejor proveer la Doctora LISBETH SEGOVIA PETTIT fija la audiencia oral y pública, para el día 27 de Julio del año en curso a las 11 de la mañana de conformidad con el Artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales sin haber cumplido con los tramites de ley, en la presente ley de amparo Constitucional respecto a las notificaciones ordenadas a las partes involucradas.
Ahora bien Ciudadano Juez Superior, se inicio la audiencia y se dejo expresa: la no comparecencia de la parte querellada, ni por si ni por apoderado alguno, y es que el supuesto agraviante, ciudadano PLINIO ANTONIO LIENDO MOGOLLÓN no asistió por cuanto no fue notificado en ningún momento por el Tribunal de la causa de que existía una acción de Amparo en su contra y a favor de Líder Auto C.A. La ciudadana Fiscal 87 con competencia en materia contencioso administrativo, dejó expresa constancia en autos de la “no comparecencia al acto de presunto agraviante”, ciudadano PLINIO ANTONIO LIENDO MOGOLLON, ni personalmente ni por medio de apoderado Judicial alguno a pesar de tener conocimiento de la acción incoada en su contra, por las presuntas vías de hecho cometidas en el interior del inmueble identificados en autos, conocimiento este deviene en virtud, de haberse encontrado presente al momento de llevarse a cabo la medida cautelar innominada decretada por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial y ejecutada en fecha 17 de julio de 2007, por el Juzgado Segundo de Municipio Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas...” (Copiado textualmente); y,

1.2. “...En este sentido, traigo a colación la sentencia N° 57 de la Sala Constitucional de fecha 26 de enero del 2001, en la cual se declaró que aun en este estado, puede declararse la inadmisibilidad preexistente o sobrevenida de una acción de amparo.
De modo que; de declarase admisible esta acción de amparo, Ciudadano Magistrado, le ruego que verifique al accionante, ya que con la ejecución realizada en la Acción de Amparo incoada en mi contra en la cual fui desalojado del inmueble y despojado de mis pertenencia, el ciudadano presidente de las Empresas Líder Auto C.A. y Líder Auto Uno C.A no puede garantizarse mis derechos socioeconómicos como trabajador de más de diecinueve (19) para dichas Empresas, toda vez que es mi patrono y yo habitaba el inmueble en mi cualidad de trabajador en el cargo de conserje antes de ser desalojado del mismo y sin haber sido despedido de mi cargo por la Empresa en referencia y según lo preestablecido en la Ley Orgánica del Trabajo esa era la vivienda para mi y mi grupo familiar, en virtud de que jamás he sido despedido, no hay derecho, motivo ni razón para que se incoará en mi contra tal acción y según la misma Ley establece que se me debe computarizar como parte del salario, de conformidad con los Artículos 288 y 289 de la Ley Orgánica del Trabajo...” (Copiado textualmente).


2. Pidió:

“Solicito que la presente acción de AMPARO CONSTITUCIONAL SEA ADMITIDA POR CUANTO NO ES CONTRARIA A DERECHO, y como señala la doctrina “que la acción de amparo constitucional constituye una garantía también de carácter constitucional, a través de la cual se tiende a proteger al sujeto de la vulneración o amenaza de vulneración de derechos fundamentales, a través de un procedimiento breve, sumario, eficaz, idóneo, que restituya la situación constitucional infringida o la que más se le asemeje, pero esa decisión del operador de justicia que actúa en sede constitucional, que se dicta en el marco de ese procedimiento de amparo constitucional, puede a su vez ser lesiva o amenazar con lesionar otros derechos constitucionales, surgiendo así una nueva modalidad en materia de amparo constitucional, como lo es EL AMPARO CONTRA AMPARO, específicamente la acción de amparo constitucional contra la decisión judicial que a su vez decide una acción de amparo constitucional y como no fui notificado con citaciones, ni por medios legales para darme por entendido para defenderme y agregar las verdades de mi situación y mi familia, es que debe ser declarada con lugar” (Copiado textualmente).

II
De la Decisión recurrida por vía de amparo constitucional

El 1.08.2007 el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declaró Con Lugar la demanda de amparo constitucional interpuesta por la representación judicial de la sociedad mercantil Líder Auto, C.A., en contra de Plinio Antonio Liendo Mogollón, en base al siguiente argumento:

“…De lo expuesto anteriormente y adminiculado por esta juzgadora se concluye que el ciudadano Plinio Antonio Liendo Mogollón, con su actuación, ha conculcado derechos constitucionales, en virtud de que por vías de hecho, procedió a colocar unas cadenas en las puertas que dan acceso al local comercial, y de esta manera ha impedido el acceso a las instalaciones de los representantes de la empresa Líder Auto, c.a., como a todo el personal que labora en el referido inmueble, incluso a los que hacen actualmente reparaciones en el mismo, procediéndose así el cese forzoso de las actividades comerciales de la empresa, antes señalada, por lo que se encuentra ajustado a derecho la acción incoada por esta última, y así expresamente se declara…”. (Copiado textualmente).

III
Opinión del Ministerio Público

El 30.10.2007 compareció el abogado José Luís Álvarez Domínguez, Fiscal 84° del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas y expresó la opinión fiscal siguiente:

“…Dicho esto se observa que la citación del presunto agraviante no se llevo a cabo de la manera como lo indica el procedimiento fijado por la Sala Constitucional, y que tal situación origina una violación al debido proceso y al derecho a la defensa, por tal motivo solicito la reposición de la presente causa al estado de notificar al referido ciudadano Plinio Mogollón y continuar el tramite de ley en materia de amparo. Y así pido sea declarado por este Tribunal Constitucional…” (Copiado textualmente).

IV
Motivaciones para decidir

Luego de realizada la narración de los hechos y argumentos más importantes acontecidos en este procedimiento constitucional, observa este Tribunal:
Con el propósito de decidir la presente demanda de amparo constitucional, debe precisarse que el accionante invocó la tutela constitucional, por la presunta violación de derechos fundamentales, tutela judicial efectiva y debido proceso, presuntamente conculcados por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio de Amparo Constitucional contenido en el expediente Nº 15.308 de la nomenclatura de ese juzgado intentado por la empresa Líder Auto, C.A.
Ahora bien, alega el representante judicial del accionante que el juzgado presunto agraviante, lesionó sus derechos fundamentales al establecer su no comparecencia, ni por si ni por apoderado alguno, en su condición de supuesto agraviante, en el procedimiento de amparo constitucional intentado por la sociedad mercantil Líder Auto, C.A., en su contra por vías de hecho; lo que originó la declaratoria de procedencia del amparo constitucional, sub-examine y la imposibilidad de recurrir en contra de tal decisión.
Ahora bien, vista las delaciones del presunto agraviado y los alegatos del tercero interviniente, coadyuvante del tribunal acusado de agraviante, este jurisdicente para decidir, observa:
De los presentes autos se desprende, que en la práctica de la medida innominada del proceso de amparo constitucional que originó la sentencia aquí recurrida, el presunto agraviado contó con la asistencia del profesional del derecho, abogado Rafael Benigno Román Loyo; lo que de manera clara y evidente, convalida su notificación al proceso seguido en su contra por vía de amparo constitucional y deja de lado la posible disminución de su derecho a una tutela judicial efectiva y a un debido proceso, por cuanto en dichas tutelas constitucionales, el criterio imperante es la citación por cualquier medio, pero brindando la seguridad de asistencia de letrado a los presuntos agraviantes; lo que quedó evidenciado en el proceso bajo revisión. Así se decide.
En este mismo orden de ideas, se evidencia del interrogatorio efectuado por este Tribunal al quejoso, que éste manifestó que no estaba asistido de profesional del derecho en la práctica de la medida innominada; lo que se desvirtúa del acta levantada en ocasión de la práctica de la medida cautelar que corre a los folios ochenta y ocho al noventa y dos (88 - 92) del presente expediente y fundamenta la decisión recurrida en este proceso de amparo constitucional, que convalidó la citación tácita del hoy recurrente, para fijar y celebrar la audiencia constitucional y declarar su no comparecencia y la aceptación de los hechos delatados en su contra. Así se establece.
Por último, debe precisar este Tribunal en vista del examen de las actas procesales traídas a los autos del procedimiento sub-examine en contra del quejoso, que el fundamento de la solicitud de tutela constitucional gravitaba en la falta de notificación adecuada en el proceso seguido en su contra. Ahora bien, tal delación convalidaba el ejercicio de la presente demanda de amparo constitucional en razón de la imposibilidad del recurso ordinario; supuesto de hecho, que se desestimó por la debida asistencia del abogado Rafael Benigno Román Loyo al hoy quejoso y convalidó la declaratoria de procedencia del amparo constitucional en su contra. Así mismo legitimó a este Tribunal al examen del merito del asunto planteado y la consecuente improcedencia del derecho constitucional delatado como violado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; lo que se manifiesta en las siguientes consideraciones finales al respecto del proceso revisado por esta vía constitucional:

a) Mediante el interrogatorio efectuado por este Tribunal al quejoso, se pudo determinar, que a pesar de manifestar la relación de índole laboral, la posesión que mantenía en el inmueble del cual fue desalojado, devenía desde hace más de cuatro (4) años, una vez que finalizó la relación laboral, lo que determinó la relación posesoria de derecho común y determinó la competencia del presunto agraviante en el proceso de amparo constitucional;
b) Se determinó la asistencia de abogado en la práctica de la medida cautelar en el proceso de amparo constitucional, por parte del quejoso, que le aseguraba el derecho a una tutela judicial efectiva en base a un proceso debido, mas aún cuando su asistente fue el mismo que lo representa en la presente demanda de amparo constitucional;
c) La delación de falta de notificación adecuada para la celebración de la audiencia constitucional en el caso sub-examine, determinó la admisibilidad de la presente demanda de amparo constitucional y la revisión del merito de la causa;
d) Mediante el interrogatorio practicado oficiosamente por este Tribunal se determinó la falta de lealtad del quejoso al mentir sobre su asistencia por abogado en la práctica de la medida cautelar del proceso sub-examine, lo que se desvirtuó con las actas que corren insertas a los folios 88 al 92 del presente expediente; y,
e) La opinión del Ministerio Público, se basó en la falta de asistencia del quejoso para la celebración de la audiencia constitucional del proceso bajo revisión, producto de la afirmación en forma oral y pública del quejoso, que queda desvirtuada por las actas procesales.


Planteado el debate sobre las consideraciones arriba expresadas, debe este Tribunal declarar Sin Lugar la demanda de amparo constitucional intentada por Plinio Antonio Liendo Mogollón, asistido por el abogado Rafael Benigno Román Loyo, a quienes se apercibe por la falta de lealtad demostrada en la audiencia constitucional. Así se decide.



V
Decisión

Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara Sin Lugar la demanda de amparo constitucional intentada por el ciudadano Plinio Antonio Liendo Mogollón, asistido por los abogados Rafael Benigno Román Loyo y Carmen Eliangela Freites Toussaintt, en contra de la sentencia del 1° de agosto de 2007 proferida por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en el juicio de amparo constitucional contenido en el expediente N° 15.308 de la nomenclatura de ese juzgado.
No hay condenatoria en costas, por la naturaleza de la decisión.
Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias del Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, ocho (8) de noviembre de dos mil siete. Años: 196º de la Independencia y 148º de la Federación.
El Juez,


EDER JESÚS SOLARTE MOLINA
La Secretaria


Abg. Eneida J. Torrealba C.

En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las tres y treinta post meridiem (3:30 P.M.).
La Secretaria


Abg. Eneida J. Torrealba C.

Exp. Nº 9391
Definitiva/Amparo Directo
Amparo Constitucional/Mercantil
Sin Lugar/D.