REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR SÉPTIMO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGIÓN CAPITAL.

197° y 148°

Querellante: BELKIS MORELIS RENGEL PEREZ, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº 4.020.053.

Apoderado judicial de la querellante: RONALD GOLDING MONTEVERDE, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 57.225.

Organismo querellado: Ministerio del Poder Popular para la Educación.

Motivo: Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (Diferencia de prestaciones sociales, intereses de prestaciones sociales e Intereses Moratorios).

Mediante auto de fecha 28 de marzo de 2007, fue admitida la presente querella, la cual no fue contestada en la oportunidad procesal correspondiente por parte del organismo querellado; posteriormente, en fecha 27 de junio de 2007, tuvo lugar la Audiencia preliminar, de conformidad con los artículos 103 y 104 de la Ley del estatuto de la Función Pública, se dejó constancia de la comparecencia de la parte querellante y de la no comparecencia de la parte querellada, ni por si, ni por apoderado judicial, fueron expuestos los términos en los cuales quedó trabada la litis, se declaró imposible la conciliación, finalmente, la parte querellada, solicitó la apertura del lapso probatorio; posteriormente en fecha 23 de octubre de 2007, se celebró la Audiencia Definitiva, de conformidad con el artículo 107 eiusdem, se dejó constancia de asistencia de la parte querellante y de la no comparecencia al acto de la representación judicial del organismo querellado.

Cumplidas las formalidades contempladas en la Ley del Estatuto de la Función Pública, pasa este Juzgado a dictar sentencia escrita de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la misma Ley.

-I-
TÉRMINOS DE LA LITIS

La parte querellante solicita:
El pago de la cantidad de Bs. 122.228.053,28, correspondiente a las diferencias de prestaciones sociales e intereses moratorios calculados hasta diciembre de 2006.

Que se le ordene pagar el capital y los intereses generados a partir de 1975, ya que el derecho a las prestaciones sociales para los empleados y funcionarios públicos nació desde el 1° de mayo de 1975.

El pago de la cantidad que resulte, que adeuda el ente querellado por concepto de intereses sobre las prestaciones sociales hasta el definitivo pago y los generados durante este procedimiento, según la experticia complementaria del fallo solicitada y finalmente, los intereses de mora y la indexación o corrección monetaria de las cantidades señaladas, hasta el pago definitivo de los mismos.

Asimismo, la parte actora alega:

Que ingresó al Ministerio del Poder Popular Para la Educación el 15 de septiembre de 1973 y que egresó el 1° de octubre del año 2003, por jubilación mediante Resolución Nº 03-14-01 con efecto a partir del 1° de octubre de 2003.

Que en fecha 21 de diciembre de 2006, el Ministro de Educación y Deportes (hoy Ministerio del poder Popular para la Educación) procedió a liquidarle las prestaciones sociales por lo que elaboró la Planilla de Liquidación de Prestaciones Sociales con base en los cálculos que consideraban le correspondían con motivo de la terminación laboral, señalando los conceptos y las cantidades en finiquito de liquidación de las prestaciones, en el cual se observa que los cálculos fueron efectuados hasta el 30 de septiembre de 2003.

Que una vez revisada la liquidación de prestaciones sociales efectuada por el Ministerio, a través de la Dirección General Sectorial de Personal, por el tiempo que laboró la querellante se determinó que los mismos no son satisfactorios, por cuanto se le adeuda una diferencia por ese concepto correspondiente a las siguientes cantidades:

Que la primera diferencia de prestaciones sociales radica en la indemnización de antigüedad, ya que el cálculo efectuado por el querellado en la liquidación del capital y los intereses generados debería ser calculado desde el 01 de mayo de 1975 y no desde el 28 de julio de 1980, ya que es a partir del mes de mayo de 1975 cuando nace el derecho al cobro de las prestaciones sociales por parte de los empleados y funcionarios públicos.

Que no aparecen reflejados en la Planilla de liquidación de prestaciones sociales entre 1975 y 1980, por lo tanto, se obvio el lapso comprendido entre el 01 de mayo de 1975 y el 28 de julio de 1980, en consecuencia, el Ministerio le adeuda a la querellante una diferencia de antigüedad e intereses, lo que debe determinarse por experticia complementaria del fallo.

Que la segunda diferencia deriva de los intereses de fideicomiso acumulados, ya que el Ministerio determinó por este concepto la cantidad de Bs. 6.576.727,16, no siendo éste monto el correcto a juicio del querellante, diferencia que atribuye a la forma para determinar el interés mensual empleado, ya que a su decir, la tasa de interés utilizada debe ser la determinada por el Banco Central de Venezuela.

Que la situación anterior fundamenta la diferencia solicitada por este concepto, pues el cálculo de los intereses adicionales, efectuado por el organismo querellado se inicia por un monto de Bs. 17.315.195,16, siendo lo correcto Bs. 21.224.232,66, lo que genera intereses por Bs. 95.671.012,04, y no el interés calculado por el patrono de Bs. 60.426.838,76, lo que evidencia que resulta una diferencia por Bs. 35.244.173,28.

Que de los montos descritos anteriormente con errores en los cálculos efectuados por el organismo, arrojan una discrepancia en el total régimen anterior de Bs. 23.176.545,51, en contra de la querellante, debiendo ser lo correcto la cantidad de Bs. 93.718.699,19.

Que en relación a los resultados del nuevo régimen, se mantiene una discrepancia en torno al cálculo de los intereses en perjuicio de la querellante, ya que alega, que el organismo calculó Bs. 16.126.665,27, siendo lo correcto Bs. 20.774.740,29, es decir, que existe una diferencia de Bs. 4.648.075,02

Concluye que existe una diferencia en el cálculo y pago de prestaciones sociales, pues lo correcto era calcular la cantidad de Bs. 137.669.984,99, y no la cantidad de Bs. 93.718.699,019, es decir, que existe una diferencia de Bs. 43.981.285,80.

Que el Ministerio dejó de pagarle parte de las prestaciones sociales, intereses de mora y otros conceptos.

Que existe una diferencia en el cálculo de las prestaciones sociales, que le corresponden a la querellante, ya que el monto total que debió pagársele es la cantidad de Bs. 215.946.753,17, tomando como referencia los sueldos utilizados por el Ministerio, en su finiquito y no el salario integral que debió considerarse como señala la Ley, lo cual da como resultado que se adeuda a favor de nuestra representada la cantidad de 122.228.053,98.

Finalmente destaca que su representada está amparada por lo establecido en el artículo 86 y 87, de la Ley Orgánica de Educación, ya que en los mismos está establecido que los profesionales docentes, gozarán de los mismos beneficios, del resto de los trabajadores, en las mismas formas y condiciones.

Por otra parte se deja expresa constancia de que el organismo querellado no dio contestación a la presente querella, razón por la cual debe entenderse contradicha la misma, en todas y cada una de sus partes, a tenor de lo establecido en el artículo 102 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

-II-
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Observa esta Juzgadora que la presente querella gira en torno a la solicitud de reconocimiento de la antigüedad de la querellante, derecho que no fue reconocido en la Planilla de Liquidación, pues se obvió el lapso comprendido desde la fecha en que nace el derecho a las prestaciones sociales para los empleados y funcionarios públicos (01 de mayo de 1975) y el inicio del cálculo de las mismas por parte del organismos (28 de julio 1980); más los intereses de prestaciones sociales, y adicionales, entre otros.

Para fundamentar tal alegato, la parte actora alega que se obvio el lapso comprendido desde la fecha de inicio de las funciones como docente, y en especial desde la fecha en que nace el derecho a las prestaciones sociales para los empleados y funcionarios públicos hasta la fecha de inicio del cálculo, por cuanto la indemnización por antigüedad, y sus intereses se calcularon desde el 28-07-1980, cuando lo correcto era haberse calculado desde el mes de mayo de 1975, hecho que contraviene los artículos 37, 39 y 41, de la Ley del Trabajo, en concordancia con el artículo 26 de la reforma de la Ley de Carrera Administrativa.

Ante tales alegatos, debe resaltar quien decide que, tal como fue expresado por nuestra Alzada, los docentes que presten sus servicios para el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (Hoy Ministerio del Poder Popular la Educación), son funcionarios públicos al servicio de la Administración Pública Nacional, en virtud de tal circunstancia, toda reclamación derivada de dicha relación funcionarial debían regirse por las normas sustantivas y adjetivas previstas en la Ley de Carrera Administrativa (artículo 26). En la actualidad por la Ley especial en materia funcionarial que no es otra que la Ley del Estatuto de la Función Pública, que recoge las previsiones contenidas en la derogada ley, en cuanto al disfrute y percepción de los beneficios laborales de los funcionarios públicos (prestaciones sociales de antigüedad y …), en su articulo 28 ejusdem, que contiene una remisión expresa a los beneficios contemplados en la Constitución de la República Bolivariana, en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, en lo atinente a la prestación de antigüedad y condiciones para su percepción Ley vigente para el momento de la interposición, lo que implica que en materia de Prestaciones sociales y sus derivados deben observarse las normas contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo, por remisión expresa del articulo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Ahora bien, a los efectos de constatar si le asiste a la querellante el derecho a ser reconocida su antigüedad esta sentenciadora debe verificar los elementos probatorios cursantes en autos y a tal respecto, se evidencia que corre inserto al folio Nº 11 del expediente documento emitido por el Ministerio de Educación y Deportes (Hoy Ministerio del Poder Popular para la Educación), en donde se evidencia que la fecha de ingreso de la querellante es a partir del 01 de octubre de 1974.

Observa esta sentenciadora que consta a los folios Nº 10 al 21 del expediente, planillas de cálculo de las prestaciones sociales, donde se evidencia que a la querellante le comienzan a calcular las Prestaciones Sociales a partir del 28 de Julio de 1980, cuando lo correcto era calcular a partir del 1 de Mayo de 1975, fecha en la que nace el derecho a las prestaciones sociales para los empleados y funcionarios públicos, pues entro en vigencia la Ley del Trabajo, Ley que las reconoce.

Siendo ello así, se evidencia de autos que no es reconocida la antigüedad de la querellante para el cálculo de las prestaciones sociales desde el momento en que nace tal derecho, con motivo a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo (01 de mayo de 1975), hasta el inicio del calculo, lapso que comprende entre el 1 de mayo de 1975, hasta el 28 de Julio de 1980, y obviándose de esta manera cinco (05) años, dos (01) mes y veintiocho (28) días, lo que crea una circunstancia perjudicial a la querellante que incide considerablemente sobre sus prestaciones sociales generando una diferencia en ellas, razón por la cual debe este Órgano Jurisdiccional ordenar la cancelación de dicho concepto, el cual debe ser calculado mediante experticia complementaria del fallo, tal como lo estipula el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, y con estricto apego a las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo (Articulo 108), tomando como referencia la fecha de 01 de Mayo de 1975, hasta la fecha de inicio del calculo de prestaciones sociales efectuado, esto es el 28 de julio de 1980, sobre el cual deberá disminuirse la cantidad percibida por la querellante por tal concepto. Así se decide.

Asimismo debe apuntar ésta sentenciadora, que al ser reconocida la antigüedad de la querellante desde el momento en que nace tal derecho, con motivo a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo (01 de mayo de 1975); resulta evidente que para el momento del inicio del calculo de los intereses de fideicomiso y adicionales de la querellante el capital ha debido ser mayor, y en consecuencia han debido generar un monto mayor en el capital inicial de los señalados conceptos, a los calculados por la Administración, razón por la cual, este Órgano Jurisdiccional ordena la cancelación de dichos conceptos (intereses de fideicomiso y adicionales), el cual debe ser calculado mediante experticia complementaria del fallo, tal como lo estipula el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, y con estricto apego a las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo (Articulo 108), tomando como referencia el calculo de prestaciones sociales que mediante experticia se efectúe, y el capital que de este se derive, para las fechas en que deban generarse los respectivos intereses. Así se decide.

Respecto a la solicitud de intereses de mora generados por el retardo en el Pago de las prestaciones sociales calculadas desde la fecha de egreso 01 de Octubre 2003, hasta el 21 de Diciembre de 2006 (fecha que recibe las prestaciones sociales), conforme a lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Debe indicar quien sentencia, que ciertamente el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que el salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata, los cuales se hacen efectivos y exigibles una vez culminada la relación laboral; en consecuencia por mandato Constitucional la demora en el pago generara intereses; por tales efectos, debe acordarse los mismos, siempre y cuando se comprueben los supuestos para su procedencia.

A los efectos de determinar si lo solicitado es procedente, debe este Juzgado verificar la fecha de culminación laboral y la fecha del efectivo pago.

Al analizar los argumentos de las partes y las pruebas contenidas en el expediente se determina que la querellante egreso del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (hoy) Ministerio del Poder Popular para la Educación como Jubilada en fecha 01 de Octubre de 2003 y que la fecha del efectivo pago fue el 21 de Diciembre de 2006, lo que evidencia que trascurrió un lapso considerable hasta la efectiva cancelación de las prestaciones sociales, circunstancia que no fue reconocida por el organismo querellado, ya que de los elementos probatorios cursantes en autos, no se observa pago alguno por concepto de Intereses Moratorios. Siendo esto así, debe esta Juzgadora acordar forzosamente los Intereses Moratorios solicitados.

A los fines de establecer el monto correcto que la Administración le adeuda a la querellante por concepto de intereses moratorios desde el 01 de Octubre de 2003, hasta el 21 de Diciembre de 2006, fecha que recibió el pago de las prestaciones sociales, este Juzgado ordena la realización de experticia complementaria, conforme a los criterios contenidos en la Jurisprudencia pacifica y reiterada y el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil; a los efectos del calculo respectivo, deberá tomarse en consideración los preceptuado en el articulo 108, literal “C” de la Ley Orgánica del Trabajo, al cual nos remite al articulo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Publica Así se decide.

-III-
DECISIÓN

Por la motivación que antecede, este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR, el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial incoado por la ciudadana BELKIS MORELIS RENGEL PEREZ, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº 4.020.053, debidamente representada por el Abogado RONALD GOLDING MONTEVERDE, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 57.225, contra el Ministerio del Poder Popular para la Educación, por concepto de Diferencia de prestaciones sociales e intereses moratorios. En consecuencia:
1. Se ordena el pago de las diferencias sobre prestaciones sociales, calculadas a partir del 01 de mayo de 1975, para lo cual se ordena la designación de un experto contable, a los fines de que efectué los cálculos por dichas diferencias, tal como lo estipula el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, y con estricto apego a las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo (Articulo 108).
2. Se hace la salvedad de que de las cantidades que arroje el calculo de las diferencias de prestaciones sociales, así como los intereses sobre las mismas, calculados por el experto que al efecto se nombre, se deberá deducir las cantidades que por tales conceptos fueron canceladas a la querellante, y que se reflejan en el cuadro de calculo emitido por el Ministerio querellado que corre inserto al folio Nº 10 del expediente.
3. Se ordena cancelar los intereses generados por la demora en el pago de las prestaciones sociales de conformidad con el articulo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desde el 01 de Octubre de 2003, hasta la fecha del efectivo pago efectuado por concepto de prestaciones sociales, siendo esto el 21 de Diciembre de 2006, para tales efectos se ordena la experticia complementaria del presente fallo sobre lo cancelado por concepto de prestaciones sociales, a los fines de establecer el monto correcto que la Administración le adeuda a la querellante por concepto de intereses moratorios, se ordena la realización de experticia complementaria del fallo conforme al artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, dichos intereses se calcularan conforme a la tasa que ha fijado el Banco Central de Venezuela para el cálculo de intereses de antigüedad, según lo dispone el literal “C” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Publíquese, regístrese y Comuníquese. Notifíquese a la Procuradora General de la República.
Dada firmada y sellada, en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo, en Caracas a los doce (12) días del mes de Noviembre del año dos mil siete (2007). Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación.
LA JUEZ

FLOR CAMACHO A.
EL SECRETARIO

CLÍMACO MONTILLA
En esta misma 12-11-2007, siendo las diez y treinta antes meridiem (10:30 a.m.), se publicó y registró el anterior fallo.
EL SECRETARIO

CLÍMACO MONTILLA

Exp. Nº 1898-07/FC/CM/Giselle Bohórquez