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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR NOVENO EN LO CIVIL, MERCANTIL BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

EXP. N°: 7933.
ASUNTO: “ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE HONORARIOS JUDICIALES.
SENTENCIA: DEFINITIVA.
“VISTOS” CON SUS ANTECEDENTES.
-I-
-DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS-
PARTE INTIMANTE: Constituida por los ciudadanos PEDRO R. ÁLVAREZ A. y FÉLIX BRAVO MAYOL, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, abogados en el libre ejercicio de la profesión inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 20.473 y 19.883, y portadores de las cédulas de identidad Nros. V-4.347.140 y V-3.768.287, respectivamente. Quienes actúan en sus propios nombres y representación.
PARTE INTIMADA: Constituida por la ciudadana LUCIANA MARSILI de GALATRO, de nacionalidad italiana, mayor de edad, de este domicilio y portadora de la cédula de identidad Nº. E-929.571. Debidamente representada en este proceso por la abogada Bertha Fuentes, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº. 77.035.
-II-
-DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA-
Conoce la presente causa este Juzgado Superior, en virtud de la apelación interpuesta en fecha 10 de mayo de 2006, por la abogada Bertha Fuentes, apoderada de la intimada, contra la sentencia dictada en fecha 09 de febrero de 2006, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se declaró, en síntesis, lo siguiente:

(Sic) “…(Omissis)…” …declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE HONORARIOS JUDICIALES interpuesta por los abogados PEDRO ALVAREZ y FELIX BRAVO MAYOL contra la ciudadana LUCIANA MARSILI de GALATRO, y ASÍ SE DECIDE.

En consecuencia:

PRIMERO: Se declara procedente el derecho de los abogados intimantes a percibir honorarios profesionales sólo respecto de las siguientes actuaciones judiciales:

01. Estudio para la redacción del poder;
02. Estudio del caso, redacción del libelo y asistencia para su presentación ante el Tribunal;
03. Diligencia de fecha 25 de septiembre de 1997 consignando los recaudos que sustentaban la demanda;
04. Diligencia de fecha 25 de septiembre de 1997 consignando planilla de arancel judicial y copias de la demanda y auto de admisión;
05. Diligencia de fecha 25 de septiembre de 1997 solicitando copia certificada de todo el expediente;
06. Diligencia de fecha 25 de septiembre de 1997 consignando planilla de arancel judicial de la compulsa y copia certificada;
07. Gestión ante el ciudadano Alguacil del Tribunal a los fines de la práctica de la citación de la demandada;
08. Diligencia de fecha 06 de octubre de 1997 requiriendo la citación del demandado;
09. Diligencia de fecha 17 de octubre de 1997 solicitando copia certificada de varias actuaciones del expediente;
10. Diligencia de fecha 20 de octubre de 1997 reiterando la solicitud de citación;
11. Diligencia de fecha 20 de octubre de 1997 reiterando la solicitud formulada el 17 de octubre de 1997;
12. Diligencia de fecha 31 de octubre de 1997 solicitando que el Alguacil le informe respecto a las gestiones realizadas para la citación del demandado;
13. Diligencia de fecha 16 de diciembre de 1997 solicitando que se practique la citación del demandado por medio de carteles;
14. Diligencia de fecha 20 de enero de 1998 mediante la cual de (Sic) deja constancia de la recepción del cartel de citación y a su vez se consigne para su fijación por parte de la Secretaría;
15. Diligencia de fecha 27 de enero de 1998 consignando publicación de carteles;
16. Diligencia del 05 de marzo de 1998 solicitando el nombramiento de defensor ad litem;
17. Diligencia del 16 de marzo de 1998 consignando planilla de arancel judicial correspondiente al nombramiento del defensor ad litem;
18. Diligencia de fecha 01 de abril de 1998, pidiendo la citación del defensor designado;
19. Diligencia del 07 de mayo de 1998 consignando planilla de arancel judicial para la compulsa del defensor judicial.

SEGUNDO: Se ordena realizar, mediante experticia complementaria del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, la corrección monetaria de los montos que en definitiva se le asignen a las partidas indicadas en el numeral PRIMERO del dispositivo del presente fallo por medio del Tribunal de Retasa. Para la realización de la experticia aquí ordenada, los peritos deberán seguir los siguientes puntos de base:

La corrección monetaria se hará tomando en cuenta los índices de precios al consumidor para el Área Metropolitana de Caracas emanados del Banco Central de Venezuela, comenzando desde el 24 de septiembre de 1997, fecha de presentación del escrito de estimación e intimación de honorarios, hasta la fecha en que quede definitivamente firme la decisión que fije el monto de los honorarios ordenados a pagar por el Tribunal de Retasa.

TERCERO: No hay condenatoria en costas debido a que la demanda resultó parcialmente acogida.

CUARTO: Se fija el quinto (05º) día de despacho siguiente a la oportunidad en que quede firme el presente fallo, a las diez de la mañana (10:00 a.m.) a los fines del nombramiento de los jueces retasadores, conforme al dispositivo 27 de la Ley de Abogados.

Por cuanto la presente decisión se dicta fuera del lapso legalmente estipulado, se ordena la notificación de las partes mediante boleta, conforme a lo previsto en los artículos 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil…” (…) (Fin de la cita textual).

Todo ello en el juicio que por Estimación e Intimación de Honorarios Judiciales intentara el abogado Pedro Álvarez, y otro, contra la ciudadana Luciana Marsili de Galatro; todos plenamente identificado en el presente fallo.
-III-
-SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA SOMETIDA
AL CONOCIMIENTO DE ESTA ALZADA-
La presente controversia se centra en determinar si se encuentra ajustada o no a derecho, la sentencia dictada por el juzgado de la causa en fecha 09/02/2006, antes transcrita, mediante la cual se declaró parcialmente con lugar la demanda de Estimación e Intimación de Honorarios Judiciales intentada. Asimismo, se ordenó la corrección monetaria de los montos que en definitiva asignase el Tribunal de Retasa (De acuerdo a las partidas estimadas en el libelo y detalladas en la sentencia del a-quo), comenzando desde el 24 de septiembre de 1997, fecha de presentación del escrito libelar, hasta la fecha en que fuese declarada definitivamente firme la decisión que fije el monto de los honorarios profesionales ordenados a pagar por el Tribunal de Retasa. No hubo condenatoria en costas.
DE LA DEMANDA PRINCIPAL:
Mediante escrito presentado en fecha 24 de septiembre de 1998, los abogados Pedro R. Álvarez y Félix Bravo Mayol, actuando en sus propios nombres y representación, procedieron a Estimar e Intimar Honorarios Judiciales a la ciudadana Luciana Marsili de Galatro, argumentando, a groso modo, lo siguiente: Que los honorarios profesionales que estiman e intiman se causaron en razón de su actuación en el ejercicio de la acción reivindicatoria incoada por la ciudadana Luciana Marsili de Galatro contra el ciudadano Giovanni Cecotto Caligaro, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y portador de la cédula de identidad Nº. V-2.931.950, cuyo procedimiento fue seguido ante el tribunal de la causa, esto es: el Juzgado Tercero de al Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, bajo el expediente signado bajo el Nº. 20051, en donde constan las actuaciones que de manera conjuntas y separadas ejercieron en la defensa de los derechos e intereses de la parte demandante (Luciana de Galatro) en aquel litigio; Que en virtud de haber agotado las vías amigables y conciliatorias para que la referida ciudadana procediera a cumplir con el pago de los honorarios profesionales causados, y por cuanto, por otra parte, habiendo ella, en su condición de parte actora en el juicio reivindicatorio, desistido de la acción y del procedimiento en donde se originan los honorarios, es por lo que acuden por ante esta autoridad de conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Ley de Abogados, en concordancia con el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, para estimar e intimar sus honorarios profesionales por los servicios que prestaron, de la manera siguiente:
1) Estudio para la redacción del poder: Bs. 600.000,00; 2) Estudio del caso, redacción del libelo de demanda y asistencia para su presentación ante el a-quo: Bs. 6.000.000,00; 3) Diligencia del 25/09/1997 consignando los recaudos que sustentaban la demanda: Bs. 200.000,00; 4) Diligencia realizada el 25/09/1997 mediante la cual se consignan planilla de arancel judicial, copia certificada de la demanda y auto de admisión para el cuaderno de medidas: B. 200.000,00; 5) Diligencia del 25/09/1997 solicitando copia certificada del expediente: Bs. 200.000,00; 6) Diligencia del 25/09/1997 consignando las planillas de arancel de la compulsa, litis y copia certificada de la demanda: Bs. 200.000,00; 7) Diligencia ante el juzgado de la causa del 26/09/1997 en gestiones relacionadas con la obtención del oficio de participación al Registrador del Primer Circuito del Municipio Sucre del Estado Miranda, del decreto de medida de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre un bien inmueble propiedad del demandado: Bs. 300.000,00; 8) Asistencia del 26/09/1997 en la mencionada Oficina de Registro con relación a la medida cautelar supra: Bs. 300.000,00; 9) Gestión ante el Alguacil del juzgado de la causa a los fines que se practicase la citación del demandado: Bs. 200.000,00; 10) Diligencia del 06/10/1997 pidiendo la citación del demandado: Bs. 200.000,00; 11) Diligencia del 17/10/1997 solicitando copia certificada de varios documentos que cursan en el expediente: Bs. 200.000,00; 12) Diligencia del 20/10/1997 reiterando la solicitud de citación: Bs. 200.000,00; 13) Diligencia del 21/10/1997 reiterando la solicitud formulada en la diligencia del 17/10/1997: Bs. 200.000,00; 14) Diligencia del 31/10/1997 solicitando que el Alguacil del Tribunal a-quo informara sobre las gestiones realizadas por él en relación con la citación del demandado: Bs. 200.000,00; 15) Diligencia del 16/12/1997 solicitando al Tribunal que la citación del demandado se practicara por carteles: Bs. 200.000,00; 16) Diligencia del 20/01/1998 mediante la cual se deja constancia de la recepción del cartel de citación y a su vez se le consigna a la secretaria dicho cartel para la fijación en el domicilio del demandado: Bs. 200.000,00; 17) Diligencia del 27/01/1998 consignando el cartel de citación publicado en los Diarios El Nacional y El Universal, de Caracas: Bs. 200.000,00; 18) Diligencia del 05/03/1998 solicitando al Tribunal la designación del defensor ad litem: Bs. 200.000,00; 19) Diligencia del 16/03/1998 consignando la planilla de arancel judicial correspondiente al nombramiento del defensor ad litem: Bs. 200.000,00; 20) Diligencia del 01/04/1998 pidiendo el Tribunal la citación del defensor judicial para que éste conteste la demanda: Bs. 200.000,00; 21) Diligencia del 07/05/1998 consignando planilla de arancel judicial de la compulsa y litis contestación, para el defensor judicial: Bs. 200.000,00. Monto total de la estimación de los honorarios profesionales por servicios: 10.600.000,00.
DE LA CONTESTACION A LA DEMANDA:
Lograda la intimación de la ciudadana Luciana Marsili de Galatro, en fecha 10 de febrero de 2000 compareció su representante judicial, abogada Shirley Luna Noguera, y consignó escrito mediante el cual hizo oposición a la intimación de honorarios profesionales argumentando, a groso modo, lo siguiente:
Que su representada jamás contrató los servicios profesionales de los abogados intimantes para que ejercieran su representación judicial, ya que ni siquiera los conoce personalmente, telefónicamente ni referencialmente, y por lo tanto, nunca les giró instrucciones ni verbales ni por escrito para intentar acción alguna; Que lo realmente ocurrido es que su poderdante y su cónyuge Giuseppe Galatro Setaro, italiano, mayor de edad, de este domicilio y portador de la cédula de identidad Nº. E-781.435, según documento registrado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda, en fecha 06 de marzo de 1995, bajo el Nº. 43, Tomo 4, Protocolo Primero, confirieron poder general de administración al ciudadano Fiorentino Zanchetti Prozzo, quien es venezolano, mayor de edad, comerciante, de este domicilio y portador de la cédula de identidad Nº. V-5.410.524, a fin de que gestionara la venta de un inmueble de su propiedad ubicado en Filas de Mariche, y que está suficientemente identificado en el cuaderno principal del expediente.
Que, el mencionado apoderado, en lugar de cumplir la misión que le fuera encomendada por sus mandantes, procedió a sus espaldas, y en claro abuso al Poder que le fuera conferido, a solicitar en nombre de ellos un préstamo al ciudadano Giovanni Cecotto Calligaro, otorgándole como garantía hipotecaria el citado inmueble; Que en virtud a que el mandatario (Fiorentino Zanchetti) no cumplió con la obligación contraída con el acreedor hipotecario, éste último procedió a ejecutar la hipoteca, siendo rematado el inmueble.
Que posteriormente, Fiorentino Zanchetti, también sin consentimiento de su representada, y en un desesperado intento por enmendar su actuación irregular, procedió a contratar y otorgar Poderes en nombre de Luciana Marsili de Galatro a los abogados aquí intimantes, para que intentaran en su nombre una serie de procedimientos judiciales, entre ellos, la acción Reivindicatoria que dio origen a esta reclamación de honorarios profesionales; Que una vez que su representada se enteró por la prensa, al leer un cartel de citación, que estaba involucrada en un juicio de reivindicación, se apersonó al Tribunal enterándose de todo lo anterior, hasta de la pérdida del terreno, e inmediatamente revocó los Poderes otorgados a los abogados intimantes, Pedro Álvarez y Félix Bravo Mayol, así como a desistir tanto de la acción como del procedimiento intentado; Que en ese sentido, estima que su representada jamás puede ser condenada a pagar cantidad de dinero alguna por concepto intimados, ya que los mismos deberían ser sufragados por Fiorentino Zanchetti Prozzo, quien fue la persona que otorgó aquel Poder.
Sostiene además, que rechaza y se opone a la estimación e intimación propuesta contra su representada por considerar que el monto resulta exagerado, ya que el terreno objeto del juicio de reivindicación se remató en la cantidad de Bs. 17.057.222,50, y las cantidades a pagar por concepto de honorarios de abogado se encuentran limitadas al treinta por ciento (30%) del valor de la demanda. Finalmente se acogió al derecho de retasa establecido en el artículo 25 de la Ley de Abogados.
Posteriormente, en escrito de fecha 16 de febrero de 2000, los abogados intimantes objetaron todos y cada de los argumentos explanados en el escrito de oposición a la intimación de honorarios profesionales, alegando, en síntesis: Que niegan la afirmación que la demandada no los conoce personalmente, ni telefónicamente, ni referencialmente, por cuanto en varias oportunidades se sentaron a conversar con ella para negociar en relación con el cobro de sus honorarios; Que rechazan la afirmación respecto a que el señor Fiorentino Zanchetti Prozzo, procedió al momento de sustituir el poder que le fuera otorgado por la intimada, en claro abuso de Poder, por cuanto ese mandato fue dado con las más amplias facultades de administración y disposición al mencionado ciudadano, cuando se señaló entre otras facultades, citan: (Sic) “…para que sin limitación alguna represente y sostenga nuestros derechos en todos loa asuntos judiciales y extrajudiciales que nos ocurran o intereses en cualquier lugar de la República de Venezuela…, para intentar y contestar toda clase de acciones, y seguir los juicios en todas sus instancias e incidencias; convenir, desistir, transigir, hipotecar, gravar en cualquier forma bienes muebles e inmuebles de nuestra propiedad; recibir cantidades de dinero; dar y tomar dinero a préstamo en la forma y mediante las garantías que juzgare establecer; …Que igualmente facultado para constituir apoderados judiciales y especiales, así como también para sustituir este poder en todo o en parte, en persona de su confianza, reservándose siempre su ejercicio y para revocar dichas constituciones y sustituciones…”; Que de conformidad con la norma que regula la materia, específicamente el artículo 1698 del Código Civil, que dispone, citan: (Sic) “…El mandante debe cumplir todas las obligaciones contraídas por el mandatario dentro de los límites del mandato. En lo que el mandante se haya excedido no queda obligado el mandante sino cuando ratifica expresa o tácitamente”; consideran que la sustitución estuvo completamente ajustada a la Ley y dentro de las facultades del Poder originalmente otorgado.
Rechazan además, la afirmación de la intimada respecto a lo exagerada de la estimación de los honorarios, por cuanto los mismos fueron estimados tomando en consideración la cuantía del juicio de Reivindicación (Que fue la cantidad de Bs. 40.000.000,00) de donde surgió el derecho a cobrar honorarios profesionales. Finalmente, alegan que al no desprender de todo el contenido del escrito de oposición que la intimada haya objetado el derecho a cobrar honorarios profesionales sino que rechazó el valor que se les dio a los mismos, se evidencia el reconocimiento hecho por ella del derecho que les asiste al cobro de los honorarios profesionales, por lo que solicitan que se proceda a fijar la oportunidad para el nombramiento del Tribunal Retasador.
Abierta la causa a pruebas, ambas partes consignaron sus respectivos escritos promoviendo las que consideraron pertinentes (Folios: 86, el de la intimada, y 88 al 89, el de los intimantes). No obstante, se observa que el juzgado a-quo únicamente admitió las promovidas por los abogados intimantes en virtud de la extemporaneidad del escrito de pruebas presentado por la accionada; tal y como se evidencia del auto que cursa al folio 91, del presente Cuaderno de Estimación de Honorarios.
Posteriormente, en fecha 09 de febrero de 2006, tuvo lugar la sentencia definitiva dictada por el Tribunal a-quo, recurrida en apelación, la cual quedó parcialmente transcrita en el capítulo II del presente fallo.
Apelada la decisión, y remitido el expediente al Juzgado Superior -de Turno-, a los fines consiguientes, tocó el conocimiento de la causa a este Superior Noveno quien, luego haber ordenado la corrección de foliatura al juzgado de la causa en dos oportunidades, lo dio por recibido según constancia de secretaría de fecha 02 de marzo de 2007. Luego, mediante sentencia de fecha 05 del referido mes y año, fijó la oportunidad para dictar sentencia definitiva.
Cabe agregar en esta oportunidad que ninguna de las partes intervinientes en este proceso, presentó escrito en esta Alzada ni por sí ni por medio de apoderado judicial alguno.

En los resumidos términos que anteceden, queda planteada la apelación sometida al conocimiento, estudio y decisión de este Juzgado Superior.
-IV-
-MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR-
Ahora bien, debe determinar previamente este Superior los límites en que ha quedado planteada la controversia o thema decidendum, el cual queda fijado con los alegatos explanados por las partes tanto en la demanda como en su contestación (Oposición), estando la pretensión de los intimantes referida al cobro de los honorarios profesionales, que dicen causados, con ocasión de su patrocinio en el juicio que por reivindicación siguió la intimada Luciana Marsili de Galatro -a través de ellos como abogados- contra el ciudadano Giovanni Cecotto Calligard, en el expediente 20051 llevado por el juzgado a-quo, y cuyos honorarios fueron estimados en la totalidad de Bs. 10.600.000,00.
Por otra parte, la intimada en el acto de contestación a la demanda, se opuso al derecho que se acreditan los abogados intimantes de cobrar honorarios profesionales, bajo el argumento que el poder que ella otorgó al señor Fiorentino Zanchetti, lo fue para que éste gestionara la venta de un terreno de su propiedad, lo cual no hizo, sino que solicitó un préstamo de dinero dando en garantía el terreno en cuestión, que finalmente resultó rematado en previo juicio de ejecución de hipoteca. Dentro de este contexto, y a fin de tratar de enmendar la situación descrita, procedió Fiorentino Zanchetti a otorgarle Poder en su nombre a los abogados intimantes, a los fines que intentaran la demanda judicial -de reivindicación del bien ejecutado- de donde se originan los honorarios profesionales accionados. Consideró además, la intimada de autos, que el monto estimado por los accionantes resulta exagerado toda vez que el terreno rematado lo fue por la cantidad de Bs. 17.057.222,50, y las cantidades a pagar por concepto de honorarios de abogado se encuentran limitadas al treinta por ciento (30%) del valor de la demanda. A todo evento se acogió al derecho de retasa.
Fijados como han quedado los hechos controvertidos, pasa ahora esta Alzada a resolver primero, lo que respecta al alegato expuesto por la intimada, referido a que el poder que ella otorgó lo fue para la venta de un terreno y no para intentar el juicio de donde se derivan los honorarios reclamados. En este sentido, tenemos que de acuerdo a las actas que conforman al expediente principal contentivo de la acción reivindicatoria intentada, el poder (Que riela a los folios 23 y 24) otorgado por los ciudadanos Giuseppe Galatro y Luciana Marsili de Galatro, debidamente protocolizado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda, en fecha 06 de marzo de 1995, bajo el Nº. 43, Tomo 4, Protocolo Tercero, al ciudadano Fiorentino Zanchetti Prozzo, plenamente identificado en este fallo, lo fue: (Sic) “…para que sin limitación alguna represente y sostenga nuestros derechos en todos loa asuntos judiciales y extrajudiciales que nos ocurran o intereses en cualquier lugar de la República de Venezuela…, para intentar y contestar toda clase de acciones, y seguir los juicios en todas sus instancias e incidencias; convenir, desistir, transigir, hipotecar, gravar en cualquier forma bienes muebles e inmuebles de nuestra propiedad; recibir cantidades de dinero; dar y tomar dinero a préstamo en la forma y mediante las garantías que juzgare establecer; …Que igualmente facultado para constituir apoderados judiciales y especiales, así como también para sustituir este poder en todo o en parte, en persona de su confianza, reservándose siempre su ejercicio y para revocar dichas constituciones y sustituciones…”.
Bajo esas facultades, el ciudadano Fiorentino Zanchetti Prozzo, le otorgó Poder a los abogados aquí intimantes, y del contenido de éste mandato que riela a los folios 10 y 11 de la pieza principal contentiva del juicio por reivindicación, se observa, que tales facultades de representación fueron: (Sic) “…para que actuando conjunta, alternativamente o separadamente representen, sostengan y defiendan las acciones, derechos e intereses, de mi poderdante la señora LUCIANA MARSILI de GALATRO, antes identificada, en el juicio de reivindicación del inmueble rematado en procedimiento de ejecución de hipoteca seguido por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, bajo el expediente Nº 96-0530, que se incoará contra del ciudadano GIOVANNI CECOTTO CALLIGARO…” (…) “…En consecuencia, quedan facultados los nombrados apoderados, para intentar y contestar demandas; proponer y contestar cuestiones previas y reconvenciones, asistir a todos y cada uno de los actos del proceso civil, solicitar y evacuar toda clase de pruebas, experticias, peritajes, interponer los recursos ordinarios y extraordinarios que fueren procedentes para impugnar fallos, autos, sentencias, darse por notificados, citados o emplazados y en general realizar todas las gestiones inherentes al proceso…”.
Pues bien, la representación judicial, conceptualmente, puede definirse como la relación jurídica, en virtud de la cual, una persona, llamada representante, actuando dentro de los límites de su poder, realiza los actos procesales a nombre de la parte llamada representado, haciendo recaer sobre ésta los efectos jurídicos emergentes de su gestión.
Así, lo que caracteriza a la representación desde el punto de vista procesal es, en definitiva, su objeto, y está referida no a la realización en nombre del representado de actos jurídicos en general, sino a la realización en nombre de las partes de los actos de gestión en el proceso, o como dice la letra de la Ley “…a seguir el juicio en todas sus instancias…” (Art.173 del Código de Procedimiento Civil. De esta manera, el representante actúa dentro de los límites del poder que le confiere la parte; sin poder no hay representación, aunque exista la relación de mandato.
En este contexto, cabe agregar, que, los poderes deben constar en forma auténtica, como lo señala el artículo 151 del Código de Procedimiento Civil. En el sistema jurídico patrio, la forma autentica es la misma forma pública, por tanto, el poder debe otorgarse mediante escritura y debe estar autorizado con las solemnidades legales de un registrador, un juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado (Art. 1.357 del Código Civil).
Ahora bien, en el caso de marras, la parte intimada se opuso al derecho que acreditan los abogados intimantes de cobrar honorarios, en virtud a que el poder que ella otorgó al señor Fiorentino Zanchetti, lo fue para que éste gestionara la venta de un terreno de su propiedad, lo cual no hizo, sino que solicitó un préstamo de dinero dando en garantía el terreno en cuestión, que finalmente resultó rematado en previo juicio de ejecución de hipoteca. En ese sentido, y a fin de tratar de enmendar la situación descrita, procedió Fiorentino Zanchetti a otorgarle Poder en su nombre a los abogados intimantes, a los fines que intentaran la demanda judicial -de reivindicación del bien ejecutado- de donde se originan los honorarios profesionales accionados.
En tal sentido, y con vista a los textos antes transcritos, tanto del Poder otorgado por la intimada Luciana Marsili de Galatro, al ciudadano Fiorentino Zanchetti, como el otorgado por éste último a los aquí intimantes, claramente se evidencia que los referidos abogados sí tenían facultad para actuar en juicio, y por ende de accionar en reivindicación, en nombre y representación de la ciudadana Luciana Marsili de Galatro.
Por consiguiente, tal como se aprecia de los razonamientos y circunstancias expresadas con anterioridad, la sustitución de poder efectuada por el ciudadano Fiorentino Zanchetti, en los abogados Pedro Álvarez y Félix Bravo (Intimantes), debe ser consideraba válida; razón por la cual, se tiene como válida la misma y, consecuencialmente, se impone la validez de todas y cada una de las actuaciones que en base a ésta efectuaran los mencionados abogados. Y así se declara.
Ahora bien, el ejercicio de la profesión de abogado tiene un carácter eminentemente oneroso, salvo que las partes dispongan expresamente lo contrario; es por ello que la Ley de Abogados les otorga expresamente, el derecho a percibir honorarios profesionales causados por los trabajos judiciales o extrajudiciales que realicen, con base al mandato que le fuera conferido.
Cabe advertir, que, tal y como lo sostuvo el juzgador a-quo, la competencia para conocer de la reclamación de honorarios profesionales derivados de actuaciones judiciales, deviene en competencia funcional, quiere esto decir, que independientemente de la cuantía de la pretensión, la demanda por Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales deberá interponerse en el expediente donde se han causados esas actuaciones reclamadas, aunque el trámite procesal tenga las características de una incidencia, constituyendo una verdadero juicio autónomo e independiente del principal donde constan las referidas actuaciones.
Así las cosas, este Juzgador observa que la intimada reconoce en los abogados actores haber prestado los servicios profesionales que señalan en su escrito libelar, y reconoce que para tales servicios le fue sustituido el poder que le confiriera ésta al ciudadano Fiorentino Zanchetti en fecha 06 de marzo de 1995, así como, reconoce también el mandato otorgado por éste último en ejercicio del mismo a los abogados Pedro Álvarez y Félix Bravo; pero no reconoce los montos demandados y para ello esgrime sus argumentos. En otras palabras, la parte intimada discute los montos por concepto de honorarios profesionales reclamados, pero no discute el derecho de los abogados actores a cobrar esos montos.
Así tenemos que el artículo 22 de la Ley de Abogados, establece que la profesión de la abogacía otorga a quienes la ejerce el derecho de percibir honorarios por los servicios prestados. Dispone la norma en cuestión, lo siguiente:

(Sic) Art.22.L.A. “El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos en las Leyes”.

Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el Tribunal Civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda.

La reclamación que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarios por parte del abogado, será sustanciada y decidida de conformidad con lo establecido en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil y, la relación de la incidencia, si surgiere, no excederá de diez audiencias”. (Fin de la cita textual).

En el caso de especie los abogados intimantes reclaman sus honorarios profesionales a la intimada Luciana Marsili de Galatro, por los siguientes trabajos de carácter judicial:
1) Estudio para la redacción del poder: Bs. 600.000,00; 2) Estudio del caso, redacción del libelo de demanda y asistencia para su presentación ante el a-quo: Bs. 6.000.000,00; 3) Diligencia del 25/09/1997 consignando los recaudos que sustentaban la demanda: Bs. 200.000,00; 4) Diligencia realizada el 25/09/1997 mediante la cual se consignan planilla de arancel judicial, copia certificada de la demanda y auto de admisión para el cuaderno de medidas: B. 200.000,00; 5) Diligencia del 25/09/1997 solicitando copia certificada del expediente: Bs. 200.000,00; 6) Diligencia del 25/09/1997 consignando las planillas de arancel de la compulsa, litis y copia certificada de la demanda: Bs. 200.000,00; 7) Gestión ante el Alguacil del juzgado de la causa a los fines que se practicase la citación del demandado: Bs. 200.000,00; 8) Diligencia del 06/10/1997 pidiendo la citación del demandado: Bs. 200.000,00; 9) Diligencia del 17/10/1997 solicitando copia certificada de varios documentos que cursan en el expediente: Bs. 200.000,00; 10) Diligencia del 20/10/1997 reiterando la solicitud de citación: Bs. 200.000,00; 11) Diligencia del 21/10/1997 reiterando la solicitud formulada en la diligencia del 17/10/1997: Bs. 200.000,00; 12) Diligencia del 31/10/1997 solicitando que el Alguacil del Tribunal a-quo informara sobre las gestiones realizadas por él en relación con la citación del demandado: Bs. 200.000,00; 13) Diligencia del 16/12/1997 solicitando al Tribunal que la citación del demandado se practicara por carteles: Bs. 200.000,00; 14) Diligencia del 20/01/1998 mediante la cual se deja constancia de la recepción del cartel de citación y a su vez se le consigna a la secretaria dicho cartel para la fijación en el domicilio del demandado: Bs. 200.000,00; 15) Diligencia del 27/01/1998 consignando el cartel de citación publicado en los Diarios El Nacional y El Universal, de Caracas: Bs. 200.000,00; 16) Diligencia del 05/03/1998 solicitando al Tribunal la designación del defensor ad litem: Bs. 200.000,00; 17) Diligencia del 16/03/1998 consignando la planilla de arancel judicial correspondiente al nombramiento del defensor ad litem: Bs. 200.000,00; 18) Diligencia del 01/04/1998 pidiendo el Tribunal la citación del defensor judicial para que éste conteste la demanda: Bs. 200.000,00; 19) Diligencia del 07/05/1998 consignando planilla de arancel judicial de la compulsa y litis contestación, para el defensor judicial.
Todas estas actuaciones se evidencian en la pieza principal del expediente contentivo de la acción reivindicatoria de donde derivan los honorarios profesionales aquí reclamados, con lo cual queda demostrado la labor realizada por los abogados Pedro Álvarez y Félix Bravo, como representantes judiciales de la intimada Luciana Marsili de Galatro, en el juicio que por acción Reivindicatoria incoaran en contra del ciudadano Giovanni Cecotto Galligard; resultando procedente en consecuencia, el derecho de los hoy intimantes para cobrar honorarios profesionales con motivo del mencionado juicio, y cuyos montos quedaron estimados en las cantidades arriba descritas.
Con relación a las partidas correspondientes a: i) Diligencia ante el juzgado de la causa del 26/09/1997 en gestiones relacionadas con la obtención del oficio de participación al Registrador del Primer Circuito del Municipio Sucre del Estado Miranda, del decreto de medida de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre un bien inmueble propiedad del demandado, estimada en Bs. 300.000,00; y, ii) Asistencia del 26/09/1997 en la mencionada Oficina de Registro con relación a la medida cautelar supra, estimada en Bs. 300.000,00; las mismas por no constar en las actas procesales que integran a todo el expediente, no pueden ser acordadas, toda vez que su comprobación se hace difícil sino de imposible verificación por parte de este Juzgador. Así se declara.
Con relación a la impugnación que formulara la intimada de autos, Luciana Marsili de Galatro, de los montos intimados por considerarlos excesivos, comparte este Tribunal de Alzada la opinión sostenida al respecto por el juzgador de la primera instancia, en razón de lo cual, la determinación de los mismos corresponde al Tribunal Retasador al haberse acogido la accionada al derecho de retasa de manera tempestiva, a tenor de lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Abogado.
-V-
DE LA CORRECCION MONETARIA
Demandaron igualmente los abogados intimantes el pago del ajuste por inflación, ante lo que se observa, que la presente acción está fundamentada en unos honorarios profesionales que se imputan insolutos, ello equivale a decir que se discuten derechos privados y disponibles, y siendo ese el caso, aquella corrección monetaria debe solicitarse en el propio libelo de la demanda, y habiendo ocurrido así en el caso de marras, tal pedimento se ejerció oportunamente. Así se declara.
Ahora bien, respecto a la indexación solicitada, se observa lo siguiente:
En sentencia del 19 de junio de 1996 (Maghglebe Landaeta Bermudez contra Compañía Nacional Anónima de Seguros la previsora), la extinta Corte Suprema de Justicia – hoy Tribunal Supremo de Justicia-; haciendo cita del fallo del 03 de agosto de 1994, expresó:

(Sic) “…(Omissis)…” …Considera la Sala que la indexación, como máxima de experiencia, se ha de aplicar sobre los hechos traídos y establecidos en el proceso que por su naturaleza y tipicidad, sean susceptibles de ser subsumidos en el dispositivo de la norma fáctica de la indexación. La inflación, como elemento de hecho, es un hecho notorio, que como tal no está sujeto a prueba, pero debe sin embargo, ser traído al proceso por las partes, y no de oficio por el Juez. Habiendo sido alegado en autos el hecho notorio de la inflación, puede el sentenciador aplicar sobre él la indexación.

“…La indexación no puede ser acordada en cualquier estado y grado del proceso. En efecto, la misma sólo puede ser establecida en el dispositivo del fallo. De modo pues que si en éste no es ordenada por el sentenciador expresamente, debe la parte interesada recurrir contra el mismo, por haberse infringido una máxima de experiencia por falta de aplicación, o por cualquier otro motivo, según el caso o por estar viciado el fallo por incongruencia negativa, al no pronunciarse sobre algo expresamente solicitado en el libelo de demanda. En fin, el resolver, o no, sobre la indexación en el fallo definitivo puede acarrear tanto un defecto de actividad, como un error in iudicanco…” (…). (Fin de la cita textual).

De lo que se desprende, que el método de la indexación, como bien lo ha sostenido el más alto Tribunal de la República, consiste en reestablecer la lesión que realmente sufre el valor adquisitivo de la moneda, ya que ésta se deteriora progresivamente con el transcurso del tiempo como consecuencia de la inflación, de allí que, cuando no se paga una suma de dinero oportunamente, la moneda que cancela la deuda a destiempo no tiene el mismo poder adquisitivo que el que hubiera llegado a tener si el pago se hubiese efectuado en la oportunidad correspondiente.
Las leyes de la economía nos enseñan que la inflación produce un decrecimiento del valor de la moneda, produce una pérdida del valor adquisitivo de la misma. Dada esa pérdida, se hace proclive un ajuste para lograr la conservación del valor real de la moneda.
En el presente caso, quedó demostrada la contratación profesional de los abogados intimantes; quedó comprobado los servicios prestados por ellos, y no quedó comprobada la cancelación de los honorarios pretendidos, razón por la cual, y ante la presencia de la disminución del valor adquisitivo de la moneda, este Sentenciador concluye que los intimantes tienen derecho a ser indemnizados por la pérdida del valor adquisitivo de la moneda nacional, producida por el retardo en el cumplimiento por parte de la intimada, de la obligación de pagar los honorarios accionados. Así se declara.
Siendo que en el presente fallo también es declarado parcialmente procedente el derecho de cobrar honorarios profesionales por parte de los abogados, Pedro Álvarez y Félix Bravo, por razones similares a las expresadas en la sentencia proferida por el Juzgado a-quo en fecha 09 de febrero de 2006, con lo cual queda desestimada la apelación que contra ésta se opuso, lo procedente en este caso es confirmar la referida decisión como en efecto será lo dispuesto de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de la presente sentencia. Así se declara.
-VI-
-DISPOSITIVO-
En consideración a todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando como tribunal de reenvío, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide:
PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 10 de mayo de 2006, por la abogada Bertha Fuentes, apoderada de la intimada, contra la sentencia dictada en fecha 09 de febrero de 2006, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, SE CONFIRMA en todas y cada una de sus partes la referida decisión de fecha 09/02/2006; la cual cursa a los folios 112 al Vto., del 127, del presente Cuaderno de Estimación de Honorarios Profesionales.
SEGUNDO: Dada la naturaleza del presente procedimiento de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales de Abogado, no se hace especial condenatoria en costas.
TERCERO: Se hace saber a las partes que la presente decisión es dictada dentro del lapso legal establecido en la sentencia dictada por este Juzgado Superior, en fecha 05 de marzo de 2007; la cual cursa a los folios 156 al 160, del presente Cuaderno de Estimación de Honorarios Profesionales.
-VII-
-PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con sede en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, a los veinte (20) días del mes de marzo del año dos mil siete (2007). Años 196° de la Independencia y 148° de la Federación.
EL JUEZ,

CÉSAR DOMÍNGUEZ AGOSTINI.
LA SECRETARIA,

ABG. NELLY BEATRIZ JUSTO

En la misma fecha, siendo las tres y veinte minutos de la tarde (03:20:p.m.), se publicó y registró la anterior decisión.

LA SECRETARIA,

ABG. NELLY BEATRIZ JUSTO.


CDA/NBJ/Ernesto.
EXP. N° 7933.
CUATRO (04) PIEZAS; 19 PAGS.