REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL

EXP. Nº 05315

Mediante escrito presentado ante el Juzgado Superior Distribuidor el diecinueve (19) de mayo del año dos mil seis (2006), y recibido en este Tribunal el día veinticuatro (24) de mismo mes y año, el abogado RAFAEL RODRIGUEZ, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 67.112, actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos MARIBEL DOS SANTOS GONCALVES, AITOR BONET ARROITAONANDIA, MARIOZZI SANTANA JAIMES, DOMENICO VICENZO VILLANO, KATIUSKA DEL CARMEN RODRIGUEZ, NANCY MARIA GARCIA UGAS e YRAIDA DEL VALLE ROSQUEZ ZAPATA, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad números 16.815.124, 9.968.775, 6.252.121, 11.226.394, 11.176.741, 5.913.335 y 10.953.966, interpusieron recurso de nulidad conjuntamente con suspensión de efectos contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 009997, de fecha 23 de febrero de 2006, emanado de la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura.

En fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil seis (2006), se dio entrada al recurso y se ordenó solicitar a la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura, la remisión de los antecedentes administrativos Nº 1.508 mediante oficio Nº 06-0925, de esa misma fecha.

El veinte (20) de junio de dos mil seis (2006), se recibió oficio Nº 282-06, emanado del Director General de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura, en el cual informa a este Tribunal que en el procedimiento contenido en el expediente Nº 1.508, no se ha agotado la notificación de los interesados, de conformidad con lo previsto por los artículos 72 y 73 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamiento Inmobiliarios, motivo por el cual no puede ser remitido a ese Tribunal.

En fecha cinco (05) de diciembre de dos mil seis (2006), la Dirección General de Inquilinato del Ministerio de infraestructura consignó el expediente administrativo del caso.

I
DE LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO

Alega el apoderado judicial de los recurrentes que el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 009997, emanada de la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura, mediante la cual se fijó el canon de arrendamiento máximo mensual para comercio y oficina en la cantidad de VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 24.510.384,00), al inmueble denominado Edificio “Orta”, ubicado en la calle Mohedano entre Avenida Francisco de Miranda con calle Sucre, Municipio Chacao, Estado Miranda, se encuentra viciado de nulidad absoluta, pues el contenido de la misma señala que ésta se encuentra dirigida a regular cánones de arrendamiento en cuanto a comercio y oficina, y en el informe de inspección realizado indica expresamente que el uso dado a los apartamentos es de vivienda, lo que contradice su sentido.

II
ADMISIBILIDAD DEL RECURSO

Visto el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar innominada de suspensión de efectos por el abogado RAFAEL RODRIGUEZ, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 67.112, actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos MARIBEL DOS SANTOS GONCALVES, AITOR BONET ARROITAONANDIA, MARIOZZI SANTANA JAIMES, DOMENICO VICENZO VILLANO, KATIUSKA DEL CARMEN RODRIGUEZ, NANCY MARIA GARCIA UGAS e YRAIDA DEL VALLE ROSQUEZ ZAPATA, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad números 16.815, 9968.775, 6.252.121, 11.226.394, 11.176.741, 5.913.335 y 10.953.966, respectivamente, arrendatarios de los apartamentos 2-B, 4-B, 5-B, 6-B, 7-B, 5-A, 4-A, del Edificio “Orta”, ubicado en la calle Mohedano entre Avenida Francisco de Miranda con calle Sucre, Municipio Chacao, Estado Miranda, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 009997, de fecha 23 de febrero de 2006, emanado de la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura y revisadas como han sido las actuaciones contenidas en autos, según lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, este Tribunal lo ADMITE cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva. Igualmente de conformidad con la sentencia de fecha 04 de abril del 2001, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena citar personalmente del presente recurso, mediante boleta, al ciudadano EMILIO IZQUIERDO SANCHEZ, actuando en su carácter de representante legal de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA BALMES C.A., arrendadora del inmueble identificado como Edificio “ORTA” Nº de Catastro 213-21.01, ubicado en la Avenida Francisco de Miranda, Urbanización Chacao del Municipio Chacao del Estado Miranda, a los inquilinos ciudadanos MARIBEL DOS SANTOS GONCALVES, AITOR BONET ARROITAONANDIA, MARIOZZI SANTANA JAIMES, DOMENICO VICENZO VILLANO, KATIUSKA DEL CARMEN RODRIGUEZ, NANCY MARIA GARCIA UGAS e YRAIDA DEL VALLE ROSQUEZ ZAPATA, antes identificados, y partes intervinientes en el procedimiento administrativo. Notifíquese del presente recurso al ciudadano Fiscal del Ministerio Público con Competencia Nacional en Materia Inquilinaria, mediante oficio acompañándosele copia certificada del recurso y de los recaudos producidos. Una vez que conste en autos las referidas citaciones, líbrese dentro de los tres (3) días de despacho siguientes el cartel previsto en el aparte 10° del artículo 21 eiusdem, a los fines del emplazamiento de los interesados y demás personas que tengan interés legítimo en el recurso, para que, dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la fecha de publicación y consignación de un ejemplar del cartel en el expediente, comparezcan y se hagan partes en el juicio. Para el caso que no se lograren las citaciones personales de los mencionados ciudadanos, se acuerda incluirlos en el cartel de emplazamiento. Por aplicación analógica del artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, se acuerda que la publicación se efectúe en el diario “El Universal”, de esta ciudad. Líbrense boleta y oficio.

III
DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS

En el escrito contentivo del recurso de nulidad interpuesto por el abogado RAFAEL RODRIGUEZ actuando en su carácter de apoderado judicial de los recurrentes, solicitan se suspendan los efectos del acto impugnado en los siguientes términos:

Señala, que la Resolución Nº 009997 emanada de la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura en el expediente Nº 1.508 les causa perjuicio y gravámenes irreparable a sus representados, pues su inmediata ejecución les ocasiona el cancelar un incremento del TRESCIENTOS POR CIENTO (300%) en cuenta en dinero del canon de arrendamiento de sus viviendas cuando se encuentra pendiente la tramitación de del presente recurso contencioso administrativo de nulidad, que a su decir, no sólo puede, sino que debe revertir y por consiguiente anular dicha Resolución. Asimismo, indica que éste recurso constituye una impugnación, de la decisión y por ende debe originar un efecto suspensivo de dicha decisión hasta no se decida el correspondiente recurso.

Igualmente, la representación judicial de los recurrentes alega que de realizarse lo contrario sus representados acatarán la decisión explanada en la Resolución aún después de ejercido el recurso legal de ley de Nulidad Contencioso Administrativo, cancelando el injusto aumento en sus alquileres y el que judicialmente lograran decisión a su favor, circunstancia que le lleva a interrogarse sobre las actuaciones que debe iniciar para reparar sus pretensiones, tomando en consideración una acción de Reintegro por Sobreprecio en el Alquiler.

Expresa, que la ejecución de dicha Resolución les ocasiona a sus representados perjuicios y gravámenes de difícil reparación, por lo que solicita se suspenda en todas y cada una de las partes los efectos del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 009997 de fecha 22 de febrero de 2006, emanada de la Dirección General de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura y publicada en carteles de Publicación en el diario EL NACIONAL en fecha 22 de marzo de 2006.

IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Determinado lo anterior, este Juzgado pasa a pronunciarse sobre la solicitud de suspensión de efectos de conformidad con el párrafo 21 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y al respecto observa:

El elemento fundamental de la tutela judicial efectiva lo constituye la institución de las medidas cautelares, pues con ello se pretende enervar la eficacia de un acto o una conducta que causa un daño o gravamen irreparable al recurrente, daño que no podrá reparar la decisión definitiva, o al menos se vislumbra como de difícil reparación.

El artículo 21.21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece:

“…El Tribunal Supremo de Justicia podrá suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, a instancia de parte, cuando así lo permita la ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. A tal efecto, se deberá exigir al solicitante preste caución suficiente para garantizar las resultas del juicio…”

La norma transcrita contempla la posibilidad de suspender provisionalmente los efectos del acto administrativo de carácter particular constituyendo una derogatoria al principio de ejecutoriedad y ejecutividad que rige a los actos administrativos, es decir, que enerva la eficacia material de un acto administrativo de efectos particulares cuya nulidad hubiere sido demandada, por lo que la suspensión es de naturaleza excepcional y extraordinaria, sujeta a dos condiciones señaladas por el legislador, a saber, cuando lo permita la Ley o bien para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, que se pueda causar al recurrente siempre y cuando el pronunciamiento cautelar no signifique una ejecución anticipada del juicio principal ni, mucho menos, un pronunciamiento anticipado de lo que será el mérito de la causa principal.

Atendiendo a los criterios antes expuestos observa este Juzgado, que la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios no contempla disposición alguna que establezca que una vez ejercido el recurso de nulidad contra un acto administrativo emanado de la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura se suspenden los efectos del acto recurrido hasta tanto se decida el correspondiente recurso, como fue alegado por la representación judicial del recurrente. Por tanto, rige el principio de ejecutoriedad de los actos administrativos consagrado en el artículo 87 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos que establece que los actos administrativos tienen carácter ejecutorio y, por tanto, pueden ser ejecutados de inmediato, lo que indica que los recursos administrativos tienen un carácter no suspensivo. De allí que no puede pretender el recurrente, que con sólo intentar el recurso, el acto quede paralizado en su ejecución, es decir, el acto se cumple de inmediato, aún cuando el particular lo impugne mediante el correspondiente recurso contencioso administrativo de nulidad. Es por ello que tal alegato debe ser desechado, y así se decide.

El perjuicio irreparable por la definitiva alegado por la representación judicial del recurrente, no comporta tal carácter para quien decide, en virtud del principio de presunción de legalidad de la cual gozan los actos administrativos, y de allí que no revistiendo el acto recurrido algún vicio de nulidad absoluta que provoque que éste no pueda producir efectos, será una vez declarada la nulidad del mismo y el restablecimiento de la situación jurídica infringida que se puede solicitar el reintegro de los pagos que en exceso se hubiesen hecho, mediante la acción de reintegro a que hace referencia la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Ello así, el alegato esgrimido por el recurrente debe ser desestimado. Así se declara.

Por la motivación que antecede debe el Tribunal declarar IMPROCEDENTE la medida de suspensión de efectos solicitada. Así se decide.

V
DECISIÓN

En mérito de lo precedentemente expuesto, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley decide:

1º Se ADMITE el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto conjuntamente con Solicitud de Suspensión de Efectos.

2º Se ORDENA citar personalmente del presente recurso, mediante boleta, al ciudadano EMILIO IZQUIERDO SANCHEZ, actuando en su carácter de apoderado de la sociedad mercantil CONSTRUCTORA BALMES C.A., arrendadora del inmueble identificado como Edificio “ORTA” Nº de Catastro 213-21.01, ubicado en la Avenida Francisco de Miranda, Urbanización Chacao del Municipio Chacao del Estado Miranda, a los inquilinos ciudadanos MARIBEL DOS SANTOS GONCALVES, AITOR BONET ARROITAONANDIA, MARIOZZI SANTANA JAIMES, DOMENICO VICENZO VILLANO, KATIUSKA DEL CARMEN RODRIGUEZ, NANCY MARIA GARCIA UGAS e YRAIDA DEL VALLE ROSQUEZ ZAPATA, parte interviniente en el procedimiento administrativo. Notifíquese del presente recurso al ciudadano Fiscal del Ministerio Público con Competencia Nacional en Materia Inquilinaria, mediante oficio acompañándosele copia certificada del recurso y de los recaudos producidos. Una vez que conste en autos las referidas citaciones, líbrese dentro de los tres (3) días de despacho siguientes el cartel previsto en el décimo (10°) aparte del artículo 21 eiusdem, a los fines del emplazamiento de los interesados y demás personas que tengan interés legítimo en el recurso, para que, dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la fecha de publicación y consignación de un ejemplar del cartel en el expediente, comparezcan y se hagan partes en el juicio. Para el caso que no se lograren las citaciones personales de los mencionados ciudadanos, se acuerda incluirlos en el cartel de emplazamiento. Por aplicación analógica del artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, se acuerda que la publicación se efectúe en el diario “El Universal”, de esta ciudad.

3º Se declara IMPROCEDENTE la suspensión de los efectos del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 009997, de fecha 23 de febrero de 2006, emanado de la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura, solicitada por el abogado RAFAEL RODRIGUEZ, actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos MARIBEL DOS SANTOS GONCALVES, AITOR BONET ARROITAONANDIA, MARIOZZI SANTANA JAIMES, DOMENICO VICENZO VILLANO, KATIUSKA DEL CARMEN RODRIGUEZ, NANCY MARIA GARCIA UGAS e YRAIDA DEL VALLE ROSQUEZ ZAPATA, arrendatarios de los apartamentos 2-B, 4-B, 5-B, 6-B, 7-B, 5-A, 4-A, del Edificio “Orta”, ubicado en la calle Mohedano entre Avenida Francisco de Miranda con calle Sucre, Municipio Chacao, Estado Miranda, mediante la cual fijó canon de arrendamiento del mencionado inmueble.


PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.


Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas, a los dieciséis (16) días del mes de enero de dos mil siete (2007). Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación.





DRA. RENÉE VILLASANA
JUEZ PROVISORIA




VENANCIO CARDENAS
SECRETARIO ACC.

En esta misma fecha, siendo las _______, se publicó y registró la anterior decisión y se libraron boletas y oficio Nº 07-0013, dando cumplimiento a lo ordenado.




VENANCIO CARDENAS
SECRETARIO ACC.
Exp. Nº 05315
Nfg.