REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS
197° y 148°
I
Se inicia la presente causa por demanda incoada por el ciudadano CARLOS LUIS MARTÍNEZ ANDRADE, titular de la cédula de identidad N° 11.048.648, a través de su apoderado, FEDI PASTOR SÁNCHEZ, inscrito en el I.P.S.A., bajo el N° 17.386, contra el ciudadano FRERDYS MARÍA MORA DÍAZ, titular de la cédula de identidad N° 6.848.745 por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OPCIÓN DE COMPRA VENTA, correspondiendo el conocimiento del asunto a este juzgado, previa distribución, admitiéndose la demanda en fecha 9-4-2007, ordenándose el emplazamiento del demandado, a fin de que dentro de los 20 días de despacho, siguientes a la constancia en autos de su citación, tuviese lugar la contestación a la demanda, librándose la compulsa el 7-6-2007.
Citado personalmente el demandado, éste, por intermedio de sus apoderados, ciudadanos LUIS ALBERTO SÁNCHEZ y EDGAR LOZADA PEÑA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Números 44.765 y 82.086 respectivamente, dentro del lapso para contestar la demanda, opusieron las cuestiones previas contenidas en los ordinales 6º y 8º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, esto es, el defecto de forma de la demanda por no haberse llenado en el libelo lo dispuesto en el artículo 340 eiusdem y la existencia de una cuestión prejudicial.
II
Siendo ésta la oportunidad fijada en el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil, para dictar sentencia, se procede a ello, conforme lo establecido en el artículo 12 eiusdem, previas las siguientes consideraciones:
DE LA PRETENSIÓN DE LA PARTE ACTORA
La parte actora demanda el cumplimiento de un contrato de opción de compra venta que afirma haber celebrado el 1-9-2006 con la ciudadana RAIZA COROMOTO GARBOZA LUCERO, titular de la cédula de identidad Nº 3.882.585, quien actuaba como apoderada de los ciudadanos JERDY MARÍA MORA ORTIZ y VERONICA MORA ORTIZ, el cual tuvo por objeto un apartamento ubicado en la Parroquia La Vega, calle La Hoyada, Urbanización La Hoyada, Edificio Verde Claro La Estrella, Distrito Capital, cuyo precio de venta se pactó en la cantidad de Bs. 100.000.000,00, de los cuales pagó la suma de Bs. 56.000.000,00, debiendo pagar el saldo de Bs. 44.000.000,00 en un plazo de 120 días a contar desde la autenticación del documento. Indica haber dado cumplimiento a sus obligaciones, obteniendo un préstamo de Banesco, participando al ciudadano Jerdys Mora la fecha en que se materializaría la venta ante el Registro, sin que el referido ciudadano se presentase ni se comunicase con el accionante. Por tales razones demanda al ciudadano JERDYS MORA ORTIZ, para que convenga o en defecto de ello sea condenado por el Tribunal en el cumplimiento del contrato de opción de compraventa y en su defecto la sentencia que dicte este juzgado haga las veces de título de propiedad, comprometiéndose a pagar el saldo de Bs. 44.000.000,00 en la oportunidad que el tribunal lo determine; que se acuerde la tradición del inmueble, libre de todo gravamen y se le condene al pago de las costas del juicio. Acompaño a la demanda contratos de opción de compra venta; copia de telegrama; poder otorgado por los ciudadanos JERDYS MORA y EGLEE MORA a la ciudadana RAIZA GARBOZA, así como la revocatoria del mandato.
DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
Los apoderados del demandado al contestar la demanda opone la cuestión previa del defecto de forma aduciendo que no se cumplieron los requisitos consagrados en el artículo 340 del código Adjetivo, basado en que la actora “…no identifica a las partes que el (sic) plantea demandar, pues en el poder que le fuera otorgado por la parte actora…existe ambigüedad para analizar a quien se pretende demandar, pues definitivamente el poder otorgado es insuficiente para intentar esta nefasta (sic) acción, ya que nuestro representado en ningún momento otorgó poder para que la ciudadana RAIZA COROMOTO GARBOZA LUCERO, realizara la venta del inmueble propiedad de nuestro representado y mucho menos para que firmara el documento de opción de compra venta…”. Asimismo oponen la cuestión previa contenida en el ordinal 8º del artículo 346 del Código Adjetivo, relativa a la existencia de una cuestión prejudicial, puesto que su representado compareció ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas e interpuso denuncia por estafa contra la ciudadana RAIZA GARBOZA, en la cual figura como agraviado su mandante, distinguida con el Nº G-640371, de la cual conoce el Fiscal 16 del Ministerio Público.
Establecido así los términos en que quedó planteada la controversia, este Tribunal observa:
DE LA CUESTIÓN PREVIA DEL DEFECTO DE
FORMA DE LA DEMANDA
Opone la representación del demandado la cuestión previa contenida en el ordinal 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, con base en que la actora incumplió lo prevenido en el artículo 340 eiusdem ya que no identificó a quien pretende demandar, siendo el poder otorgado insuficiente.
Precisa esta sentenciadora que el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, establece taxativamente nueve aspectos que ha de expresar el demandante en su libelo de demanda, para no incurrir en defecto de forma, no indicando la representación del demandado cuál de tales requisitos, a su decir, incumplió el actor. Sin embargo, ha señalado la representación del accionado que el demandante no identifica las partes a quienes demanda, por lo que ha de subsumir quien sentencia tal defecto aducido en el numeral 2º del señalado artículo 340, que prevé que el actor ha de indicar “El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene”.
Dicho lo anterior, luego de una revisión al libelo de demanda no cabe la menor duda que el demandante es el ciudadano CARLOS LUIS MARTÍNEZ ANDRADE y el demandado el ciudadano JERDYS MARÍA MORA ORTIZ, quienes se encuentran debidamente identificados en el libelo de demanda, dando así el actor cumplimiento a lo exigido en la norma señalada, siendo forzoso declarar sin lugar la cuestión previa de defecto de forma de la demanda, opuesta por el demandado. Así se establece.
Adicionalmente precisa esta sentenciadora que el enrevesado alegato del demandado relativo a que el poder fue otorgado de forma insuficiente y que nunca otorgó poder a la ciudadana RAIZA GARBOZA, no es subsumible en la cuestión previa del defecto de forma de la demanda, de ahí que, debiendo el juzgador atenerse a lo alegado y probado en autos, precisa que no existe tal defecto de forma. Así se decide.
DE LA EXISTENCIA DE UNA CUESTION PREJUDICIAL
Opone la representación de la parte demandada, la cuestión previa contenida en el ordinal 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, es decir, la existencia de una cuestión prejudicial, ya que su mandante interpuso denuncia por el delito de estafa contra la ciudadana RAIZA GARBOZA, acompañando ejemplar de denuncia distinguida con el Nº G-640.371, expedido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas, Sub-delegación La Vega.
En virtud de lo anterior resulta imperioso para esta sentenciadora precisar si la formulación de una denuncia ante el C.I.C.P.C., se subsume en la existencia de una cuestión prejudicial a la luz del ordinal 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, para lo
cual es menester invocar la sentencia N° 456, dictada por la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, en el caso Citicorp Internacional Trade Indemnity y otras de fecha 13 de mayo de 1999, ratificada por sentencia del 26 de junio del 2002, de la misma Sala, expediente N° 0002, con ponencia del Magistrado Hadel Mostafá Paolini, en las que se estableció que:
“La existencia de una cuestión prejudicial pendiente, contenida en el ordinal 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, exige lo siguiente:
a.- La existencia efectiva de una cuestión vinculada con la materia de la pretensión a ser debatida ante la jurisdicción civil.
b.- Que esa cuestión curse en un procedimiento distinto de aquel en el cual se ventilará dicha pretensión.
c.- Que la vinculación entre la cuestión planteada en el otro proceso y la pretensión planteada en el presente proceso influya de tal modo en la decisión de está, que sea necesario resolverla con carácter previo, a la sentencia del juez civil, sin posibilidad de desprenderse de aquella…”.
Precisa quien aquí decide que la prejudicialidad está referida al examen previo a la sentencia principal, se trata de antecedente necesario de la decisión de mérito, porque influye en ella y la decisión depende de aquélla, es decir, están referidas a la pretensión, en la cual han de influir. La cuestión prejudicial tiende a anular la pretensión y funciona como una forma de resistencia u oposición a ésta cuya resolución depende estrechamente de aquella.
En este sentido, ha señalado el procesalista Guiseppe Chiovenda, que es necesario para la declaratoria de existencia de prejudicialidad entre una causa que se ventila en otro Tribunal y la causa en el cual se opone, que el objeto de la primera sea tal que hubiera formado el objeto de una acción autónoma de declaración, los simples hechos jurídicos lo serán sólo en virtud de norma expresa; que ésta se trate de un punto prejudicial, es decir, que su decisión sea necesaria para pronunciarse sobre la demanda principal; si ésta se funda en premisas en las que no está comprendido el punto en cuestión, el juez no deberá ocuparse de la cuestión que se refiera a él; y, finalmente que el punto sea discutido por parte de quien pide la declaración o del adversario.
Así tenemos que para que proceda la cuestión previa de prejudicialidad, en primer término es necesario que exista un proceso en curso por ante otro Tribunal.
En el caso bajo estudio, la representación judicial de la parte demandada sólo sustento la prejudicialidad opuesta en que existe una denuncia penal por el delito de estafa contra la ciudadana RAIZA GARBOZA, anexando copia simple de la denuncia efectuada ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas, sin haberse acreditado en autos si a ciencia cierta se ha iniciado el procedimiento penal, el cual como bien dispone el artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal se inicia con el auto de apertura a juicio. Así, la parte demandada no promovió prueba alguna, que permita inferir que el proceso penal se hubiere iniciado, razón por lo cual al no haber acreditado en autos, la existencia de un juicio pendiente de decisión que sea de vital importancia e influya en la resolución de este juicio, aunado a que la denuncia fue formulada por el aquí demandado contra la ciudadana RAIZA GARBOZA, que de ser declarada culpable del delito de estafa, no afecta al demandante en el presente juicio, ni incide en la resolución de esta controversia, resultan forzoso a esta sentenciadora declarar sin lugar la cuestión previa opuesta. Así se decide.
III
Por las razones expuestas, este Juzgado, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara SIN LUGAR las cuestiones previas opuestas por la parte demandada contenidas en los ordinales 6° y 8° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.
Por cuanto la parte demandada ha resultado vencida en la presente incidencia se le condena al pago de las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese. Regístrese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área metropolitana de Caracas, a los trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil siete. Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación.
La Juez.
María Rosa Martínez C.
La Secretaria.
Norka Cobis Ramírez.
En la misma fecha de hoy 13-12-2007, previo el anuncio de ley, se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las doce del mediodía (12:00 m.).
La Secretaria.
Exp. 44.231